El retraso del almacén nuclear costará 88 millones

MADRID- El Ministerio de Industria ha anunciado esta semana que después del verano saldrá el concurso público para acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC). Un proyecto que debía haber entrado en funcionamiento en 2010 y que, sin dar una explicación concreta, el Gobierno decidió paralizar en la anterior Legislatura. Ahora, en plena tormenta mediática tras la decisión de cerrar la central burgalesa de Santa María de Garoña, Industria retoma los aparcados planes. Sin embargo, el retraso tendrá consecuencias para las arcas del Estado español, que pagarán una fuerte multa por cada día de retraso en que los residuos atómicos de la central de Vandellós II permanezcan en Francia. Aumenta la penalización Según ha explicado Enresa (empresa pública española encargada de la gestión de residuos nucleares) a este periódico, «el acuerdo entre Cogema (Francia) e Hifrensa (España) de 18 de mayo de 2001 establece una cláusula de penalización por retraso en el retorno de residuos a España a partir del 31 de diciembre de 2010. De manera que Cogema impondría a la parte española una penalización de 49.545,17 euros por día de retraso a contar desde el día 31 de diciembre de 2010. Este importe se refiere a las condiciones de diciembre de 1999, siendo revisables mediante una fórmula de actualización». Es decir, dejar los residuos en suelo francés supondrá, según un cálculo estimado de la penalización, 60.000 euros al día, lo que supone una cantidad anual de 21.900.000 euros. Por ejemplo, la cláusula de revisión elevó en 2005 la penalización hasta los 58.847,68 euros por día. Además, explica Enresa, «cuanto más tiempo transcurra de permanencia de los residuos en Francia, más elevada será la sanción». ¿Cuánto tiempo ha calculado el Gobierno español que será necesario que los residuos atómicos sigan siendo almacenados en Francia? Enresa calcula que «el ATC tardará en construirse entre cuatro y cinco años». Es decir, si el concurso público para que los municipios presenten su candidatura voluntaria se hará en otoño, como ha anunciado Industria, la fecha aproximada de conclusión del proyecto podría alargarse hasta 2014 o 2015, lo que supondría un desembolso por parte de España de entre 88 y 110 millones. Un periodo incierto LA RAZÓN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Industria para preguntar por los plazos que contemplan para concluir los trabajos y si hay una decisión tomada sobre qué hacer con los residuos a partir del 31 de diciembre de 2010. La respuesta ha sido que «nos remitimos a lo anunciado por el ministro Miguel Sebastián. El Ministerio ofrecerá nueva información cuando se convoque el concurso», explican. Desde Enresa apuntan a otro perjuicio que conlleva el retraso en la construcción del ATC. «Constituye una penalización, indirecta pero cierta, la pérdida de los rendimientos financieros de la parte equivalente no invertida del Fondo para la Financiación del Plan General de Residuos Radioactivos que se emplee en pagar dichos retrasos». Además, la apuesta de un ATC único choca con la necesidad de algunas centrales que en los próximos años tendrán que sellar sus piscinas por exceso de residuos de alta radioactividad. Ascó, por ejemplo, tiene que proceder al sellado de sus piscinas para convertirlas en un almacén temporal de residuos. Es probable que Garoña en 2013 tenga también sus piscinas llenas y deba hacer un esfuerzo similar.