Uribe vuelve a polarizar a Colombia

Para entender la figura de Álvaro Uribe hay que trasladarse a sus orígenes, cuando eran un joven que recorría los llanos de Salgar (Antioquia) a lomos de su potro marrón y blanco, con una escopeta en el hombro y un facón (cuchillo) en el cinturón. Un vaquero. Un hombre forjado en el campo de una familia terrateniente, en tiempos en los que el narcotráfico y las mafias acechaban los pueblos colombianos.

Uribe no proviene de una familia política, aunque su madre, Laura Vélez, en condición de concejala del referido municipio de Salgar, sí fue una activa luchadora por el voto de las mujeres en los años cincuenta. En el otro extremo, su padre era propietario de fincas y lo introdujo en el mundo del campo. En sus memorias, recalca que aquellos fueron los días más felices de su vida: “No todas las personas están hechas para este tipo de trabajo, pero a mí me encantaba. Me sentía en un paraíso”.

Alberto Uribe Sierra, como se llamaba su padre, además de negociante de tierras y ganado, era apasionado de los caballos, actividad que lo puso en estrecho contacto con Fabio Ochoa, padre de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez, que con los años llegaron a ser integrantes del cártel de Medellín. El olor a pólvora y coca se mezclaban.

Antes de que emprendiera su carrera política como concejal de Medellín, tuvo que afrontar el momento que marcó su vida y la de su familia. En un intento de secuestro, el 14 de junio de 1983, su padre fue asesinado por guerrilleros del frente 36 de las FARC en la hacienda Guacharacas, situada en un área rural de los municipios de San Roque y Yolombó. Su hermano Santiago Uribe quedó gravemente herido.

Ese episodio radicalizó su postura política contra los grupos guerrilleros e incentivó su visión de apoyo a las Fuerzas Armadas y las estrategias de seguridad. Ideas que fortaleció desde su condición de concejal de Medellín, y que tiempo después le permitieron crear su propia plataforma política a través del movimiento “Sector Democrático”, en compañía de su primo Mario Uribe Escobar.

Durante su mandato (2002-2010), estabilizó en país a base de “mano dura”. Con una alianza con el Gobierno de EE UU, que le dotó de armamento de primera línea, fue acorralando a los guerrilleros en los más profundo de la selva, exterminándolos. Los colombianos que durante medio siglo habían sido “secuestrados por está guerra” por fin veían la luz, sin importarle como se lograban los resultados.

Uribe salió airoso de la contienda siendo el senador con más votos en la historia de la República. Parecía estar blindado. Pero todo Ángel que no se oculta, batiendo sus alas de cera al sol, tiene las horas contadas, antes de caer.

Y los muertos de Uribe son demasiados como para esconderlos en un armario o en fosas comunes. Su método fue fulminante, pero en tiempos de guerra se traspasan líneas rojas que quedan tatuadas en la piel y la historia. Y en Colombia rige la democracia, por lo menos, en teoría.

El comienzo del fin

Esta semana Uribe renunciaba a su escaño como senador y pedía una reforma de la Justicia. Días atrás, el ex presidente de Colombia dijo que siente que está “secuestrado” al referirse a la detención domiciliaria en la que permanece por orden de la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

El caso comenzó en 2012, cuando el ex jefe de Estado demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso contra el ex mandatario por supuestos vínculos con el paramilitarismo. El proceso contra Cepeda cambió de orientación cuando el magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso, no solo lo archivó sino que le abrió una investigación al demandante por supuesta manipulación de testigos.

Los pecados capitales de Uribe

Pero hay mucho más. El analista colombiano Facundo Parra, experto en conflicto armado en la Universidad Católica se refiere, entre otros, a los llamados “falsos positivos”, ocurridos entre 2002 y 2008. Es el nombre que reciben los asesinatos extrajudiciales de civiles que luego fueron calificados falsamente como muertos en combate.

Según Human Rights Watch, los “falsos positivos” se empezaron a perpetrar extendida y sistemáticamente en 2002 con el objetivo de incrementar fraudulentamente el número de bajas en combate. Según esta ONG, en tres años se registraron al menos 2.500 murieron víctimas de esa práctica. Pero una investigación citada por el Centro Nacional de Memoria Histórica titulada “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010: obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, en todo el país se habrían presentado unos 10.000 casos de falsos positivos.

Por estos casos, más de 800 miembros del Ejército, en su mayoría de rangos inferiores, han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales perpetrados entre 2002 y 2008, mientras que unos 16 generales en activos y retirados están siendo investigados por estos delitos, pero ninguno ha sido acusado formalmente.

Hay otros escándalos. “En el caso sobre su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y la Granja, y el asesinato del líder social Jesús María Valle, el ex presidente fue acusado de facilitar la labor de los paramilitares”, un caso en el que Uribe dice que no hay nada creíble” que lo comprometa” explica Parra. Uribe no enfrenta a cargos penales por estos hechos, solo una indagación previa sobre por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La corte uribista en prisión

Además, varios de sus cercanos colaboradores del presidente han acabado entre rejas. La ex directora del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado, y el ex secretario privado de Uribe, Bernardo Moreno, fueron condenados en 2015 por la Corte Suprema de Justicia por interceptación ilegal de comunicaciones, abuso de autoridad, concierto para delinquir y peculado.

Los ex ministros del Interior Sabas Pretelt y de Salud, Diego Palacio, fueron condenados a seis años y medio de prisión en 2015 por el delito de cohecho. Los ex ministros fueron condenados por ofrecer a dos congresistas cargos burocráticos a cambio de votar a favor de modificar la Constitución en 2004 para permitir la reelección de Uribe.

El escándalo se conoce como la «Yidispolítica», en nombre de Yidis Medina, una de las congresista a la que le ofrecieron las dádivas. Medina fue condenada a tres años y medio de prisión por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho.

La modificación constitucional le permitió postularse a Uribe de nuevo para su segundo periodo presidencial. En esas elecciones Uribe fue reelegido por cuatro años más.

Además, sobre su ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias pesa una condena de 17 años y medio de prisión por desvío de dinero de un programa de asistencia agrícola para campesinos a familias ricas del país, conocida como Agro Ingreso Seguro.

El poder político de Uribe puso a Iván Duque en la Presidencia y también a un grupo de 19 senadores y 32 representantes. A sus 66 años, Uribe repitió en el Senado y regresó a la Comisión Séptima.

La única novedad es que esta vez llegaba con un problema a cuestas. Una denuncia que él había interpuesto contra el senador Iván Cepeda en 2012 terminó al revés, y la Corte Suprema de Justicia ordenó que fuera él el investigado por presunto soborno y fraude procesal. En 2018, la Corte abrió investigación en su contra. Es el mismo proceso por el que hace dos semanas dispuso su detención domiciliaria.

Al no recurrir el fallo, Uribe quedó detenido en su hacienda El Ubérrimo. Ahora como si el tiempo volviese atrás, regresa para cabalgar las estepas de su amada tierra en solitario, viendo el sol caer. Solo que esta vez, podría tratarse del ocaso del jinete Uribe.