Los otros 385 presos políticos de la represión de Maduro

Entre los encarcelados hay parlamentarios y militares que son los que peor trato reciben y que más torturas se ha documentado

El diputado Juan Requesens está en su casa, en Caracas, y aunque mucho se haba de su liberación él sigue siendo un preso político. Uno que tiene la “fortuna” de cumplir el encierro con sus familiares. Otras 385 personas no pueden decir lo mismo en Venezuela, de acuerdo con las cifras de la ONG Foro Penal Venezolano, que habitualmente son certificadas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

385 es el número más reciente, sustrayendo a Requesens, al 24 de agosto pasado, cuando la organización registró que en tan solo una semana tres personas hicieron aumentar la cuenta. Según esas cifras, hay en el país 356 hombres y 29 mujeres detenidas por motivaciones políticas. Al observar el número de militares y civiles presos, de la cifra global presentada se desprende que 258 son civiles y 127 pertenecen al sector castrense. Persisten detenidos dos adolescentes.

Entre los encarcelados están otros cuatro parlamentarios, a pesar de su inmunidad. Renzo Prieto y Gilber Caro han sido encarcelados, excarcelados y vueltos a encarcelar durante el gobierno de Nicolás Maduro. El primero pasó cuatro años detenido hasta 2018 y volvió a la cárcel el 10 de marzo de este año. Tres días después sus familiares y abogados perdieron la comunicación con él y desde entonces, por algunos intermediarios, se han enterado de que el legislador “está durmiendo en el suelo” de un calabozo caraqueño.

Caro, en cambio, cumple su cuarta estancia en prisión, aunque la primera vez fue por motivos ajenos a la política y antes de convertirse en diputado. Las otras tres aprehensiones se produjeron entre 2017 y 2019 cuando, pese a ser legislador, ha estado en situación de “desaparición forzada” durante semanas. “No se conoce (formalmente) el sitio de reclusión (de Caro) ni los delitos que se le imputan. Se le ha impedido su derecho a un abogado de confianza, al imponerle un defensor público por parte del tribunal ordinario”, dice un informe de la Asamblea Nacional fechado en julio de 2020. Cuando el detenido tardó cuatro meses en ser presentado a tibunales, aunque la ley dicta que ello debe ocurrir en 48 horas.

Las defensas de ambos casos han denunciado torturas aplicadas por las autoridades.

A ellos se suman los diputados Antonio Geara e Ismael León. El primero fue detenido en marzo pasado, y recientemente se confirmó su contagio por covid-19 dentro de la cárcel. El segundo fue apresado en enero, con arresto domiciliario, y con sus defensores sin haber tenido hasta ahora acceso al expediente judicial del caso, según su abogada Ana Leonor Acosta.

El registro del parlamento venezolano afirma que uno de cada cinco diputados ha sido procesado judicialmente en Venezuela en los últimos cinco años.

Quienes no son diputados pueden llegar a tener tratos peores, especialmente los detenidos militares. Por ejemplo, el capitán de navío Luis de la Sotta, preso por motivos políticos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuya hermana denunció hace una semana que al oficial se le niega atención médica desde febrero de 2020 por dolencias en la región lumbar y renal, entre otras afecciones.

Por otra parte, se calcula que en Venezuela existen más de 9.000 personas con procesos abiertos ante la justicia por razones políticas. Detenidos que fueron excarcelados sin libertad plena y que suelen tener medidas restrictivas como prohibición de salida del país, régimen de presentación ante tribunales, veto a la posibilidad de hablar con medios de comunicación y negativa a participar en manifestaciones públicas de cualquier índole.