El Gobierno de Boris Johnson admite que violará el tratado internacional con la UE

El Gobierno de Boris Johnson presentará este miércoles en la Cámara de los Comunes -donde tiene una aplastante mayoría absoluta- el controvertido “Proyecto de Ley del Mercado Interno”. En teoría, la normativa busca asegurar tras el Brexit un funcionamiento sin contratiempos entre Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Pero en la práctica, viene a violar el Acuerdo de Retirada que Londres firmó el año pasado con Bruselas para garantizar una salida ordenada del club.

Y es que, ante la falta de avances en la actuales negociaciones para intentar cerrar un pacto comercial con la UE, Downing Street se quiere cubrir ahora las espaldas tomándose la justicia por su mano en lo referente a la frontera de Irlanda, el que fue principal escollo en las negociaciones de divorcio.

La normativa ha creado tanta polémica que el propio responsable del departamento legal del Gobierno británico, Jonathan Jones, presentó ayer su dimisión. La marcha de Jones, en el cargo desde 2014, sucede a las recientes de Mark Sedwill como máximo responsable de la función pública y de otros altos cargos en Asuntos Exteriores, Educación o Interior. Se trata de la sexta salida de un alto funcionario este año por sus diferencias con el Número 10. Y no se descarta que la lista se incremente en las próximas horas. Al cierre de esta edición, había rumores ante otra posible renuncia.

Hasta este miércoles no se conocerá en detalle el “Proyecto de Ley del Mercado Interno”. Sin embargo, el propio ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, admitió ayer en Westminster que el plan del Gobierno de alterar ciertas disposiciones “viola el derecho internacional”.

“Diría que sí, que esto [los planes del Gobierno] viola el derecho internacional de una forma muy específica y limitada”, señaló al ser preguntado al respecto. Ante las caras de estupefacción de los propios diputados conservadores, Lewis matizó que “hay claros precedentes para el Reino Unido y, sin duda, otros países con la necesidad de considerar sus obligaciones internacionales a medida que cambian las circunstancias”.

Durante el debate en la Cámara de los Comunes, la que fuera “premier” Theresa May acusó al actual Ejecutivo de poner en duda la credibilidad internacional del país. “El Gobierno del Reino Unido firmó el Acuerdo de Retirada junto con el protocolo para Irlanda del Norte. Este Parlamento ratificó aquel acuerdo de salida como parte de la legislación británica. Ahora, el Gobierno está cambiando la forma de operar de ese acuerdo”, afirmó la ex líder tory. “En esta situación, ¿cómo puede el Gobierno asegurar a sus futuros socios internacionales que se puede confiar en que el Reino Unido cumplirá las obligaciones legales de los acuerdos que firme?”, preguntó.

El gran problema es que la tesis de Downing Street no se sostiene porque las circunstancias no han cambiado. Nada más lejos de la realidad.

Evitar frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte (la única física que existirá ahora entre el Reino Unido y la UE) fue una cuestión que se miró con lupa. Es más, Johnson llegó a cambiar la solución planteada por su predecesora Theresa May y la nueva redacción del texto especifica de manera explícita que el nuevo Protocolo de Irlanda se aplicaría en todas las circunstancias, incluyendo un no acuerdo comercial.

Por lo tanto, si el Gobierno británico quiere ahora apelar al Artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales -que acepta modificaciones, si las circunstancias cambian- tendría todas las de perder si finalmente este asunto termina en los tribunales.

El Protocolo en cuestión deja a Irlanda del Norte oficialmente en el territorio aduanero del Reino Unido. Pero, para evitar frontera dura con la República de Irlanda (miembro de la UE), la provincia británica queda al mismo tiempo alineada con códigos aduaneros comunitarios, sobre todo lo referido a bienes.

Desde que se aprobó el Acuerdo de Retirada en octubre del año pasado, el llamado Comité Conjunto (formado por los “sherpas” británicos y comunitarios) ha estado tratando de analizar cómo las palabras redactadas en el papel pueden luego funcionar en la práctica.

Pero, en vez de esperar las conclusiones, Downing Street parece decidido a otorgar a los ministros más poder para analizar qué podría estar sujeto a aranceles o impuestos comunitarios, y quiere dejar en claro que los requisitos de ayuda estatal de la UE, donde los gobiernos brindan apoyo financiero a las empresas locales, solo se aplicarían en Irlanda del Norte.

En definitiva, la nueva ronda de conversaciones para intentar cerrar pacto comercial que comenzó ayer en Londres y durará hasta el jueves no goza del ambiente más cordial. Michael Barnier, negociador de la UE, ya ha advertido a su homólogo, David Frost, que si se viola el tratado internacional, Reino Unido tendrá que atenerse a las consecuencias.

El responsable del departamento legal del Gobierno británico, Jonathan Jones, ha dimitido por sus discrepancias con la intención del primer ministro, Boris Johnson, de alterar el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), reveló este martes el “Financial Times”.

Según fuentes cercanas a Jones consultadas por el diario, el asesor jurídico está “muy triste” por la intención del Ejecutivo de aprobar nueva legislación para regular el mercado interno que anularía aspectos del acuerdo con la UE, especialmente los referidos a la situación en Irlanda del Norte.

De confirmarse la renuncia se trataría de la sexta salida de un alto funcionario este año por sus diferencias con el Gobierno conservador.