En qué consiste el polémico impuesto a los ricos en Argentina

Argentina aprueba la ley orquestada por Máximo Kirchner para que las grandes fortunas “ayuden” a mitigar los efectos de la pandemia

Simpatizantes del Gobierno del presidente Alberto Fernández salieron a apoyar la propuesta que busca que las personas que cuentan con "grandes fortunas" hagan un "aporte solidario extraordinario" que ayude a afrontar las consecuencias de la pandemia y sacar al país de la crisis, en Buenos Aires el pasado 18 de noviembre
Simpatizantes del Gobierno del presidente Alberto Fernández salieron a apoyar la propuesta que busca que las personas que cuentan con "grandes fortunas" hagan un "aporte solidario extraordinario" que ayude a afrontar las consecuencias de la pandemia y sacar al país de la crisis, en Buenos Aires el pasado 18 de noviembreJuan Ignacio RoncoroniEFE

Una especie de impuesto a lo “Robin Hood peronista”. Orquestado por Máximo Kirchner, el primogénito de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. De hecho ha sido hasta el momento, su propuesta estrella desde que es senador. A pesar de haber recibido objeciones en términos legales y económicos, el Senado convirtió en ley el impuesto a la riqueza, bajo la promesa de que se aplicará por única vez, en virtud de las necesidad económicas generadas por la emergencia de la pandemia de covid-19.

Cristina Fernández de Kirchner, junto a su hijo Máximo tras un discurso, en una foto de archivo
Cristina Fernández de Kirchner, junto a su hijo Máximo tras un discurso, en una foto de archivo

El tributo, cuya denominación formal es Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, espera sumar 300.000 millones -3.000 millones de euros- a las arcas públicas, que la propia ley asigna a destinos específicos, vinculados a la financiación de la compra de equipamiento médico y las actividades productivas, en particular de las pymes.

12.000 pudientes

Según informó la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) –Hacienda-, Mercedes Marcó del Pont, estarán obligados a pagarlo casi 12.000 contribuyentes.

El proyecto está destinado a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos –dos millones de euros-. La iniciativa prevé el cobro de un 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de esa cifra. La paradoja es que al final, pagarán los que tienen las cuentas en blanco, es decir, las empresas. Y esto en tiempos de crisis.

Además se potencia la repatriación de los fondos, es decir, conseguir que parte del codiciado dólar vuelva a las arcas argentinas. Al menos el 30% de las tenencias financieras que tienen los millonarios o empresas declaradas deben de volver del exterior en los 60 días posteriores a la promulgación de la ley.

Por su parte, el opositor porteño, Martín Lousteau, cuestionó el proyecto porque “no va a generar trabajo” y remarcó: “Esta ley no es un aporte, es un impuesto”.

“Si este es un impuesto extraordinario por única vez, no entiendo cómo vamos a seguir financiando las cosas que están listadas en la ley que realmente importan”, agregó.

La recaudación estará destinada en 20% para la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos de asistencia sanitaria; otro 20% para subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores” y otro 20% para el programa de becas educativas Progresar, destinadas a estudiantes de todos los niveles.

También, se utilizará 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar la calidad de vida en barrios populares –las denominadas Villas Miseria- y 25% a proyectos energéticos a través de YPF, la petrolera que otrora estaba en manos de Repsol pero el gobierno K nacionalizó.

Por su parte, el líder del bloque opositor en el Senado, Luis Naidenoff, ha asegurado en declaraciones recogidas por Télam que “esta no es la mejor respuesta para la realidad argentina”.

La oposición también ha advertido de que los afectados por el impuesto acudirán a juicio, ya que se solaparía con el impuesto a los bienes personales ya existente.