Navalni llama a la protesta: «No nos intimidarán»

La verdadera noticia hubiese sido la puesta en libertad de Alexey Navalni, algo que naturalmente no sucedió al final de la vista celebrada esta tarde, por lo que el bloguero y azote del Kremlin seguirá en prisión, al menos hasta el 15 de febrero. Esa fue la fecha prevista inicialmente por el juez, que dictó 30 días de prisión preventiva la primera vez que Navalni pasó por dependencias judiciales al día siguiente de ser detenido, justo cuando intentaba pasar el control fronterizo en el aeropuerto moscovita de Sheremetevo, procedente de Berlín el pasado 17 de enero.

Antes del fallo, el candidato opositor pidió a los rusos que sigan protestando, ya que, según Navalni, los manifestantes “son la última barrera que impide que quienes están en el poder lo roben todo. Son los verdaderos patriotas. No nos intimidarán. Somos mayoría”. “Los jueces aquí solo son esclavos obedientes”, ha proseguido Navalni durante la vista. “Esto es obra de las personas que han robado nuestro país”, ha sentenciado. Según el diario ruso Kommersant, hoy ha sido la primera vez que el bloguero pudo entrevistarse con sus abogados por espacio de diez minutos.

Fue precisamente durante su comparecencia, llevada a cabo por videoconferencia, cuando se enteró por la televisión de la detención el día anterior de su hermano Oleg, tras el registro policial de su vivienda. Las fuerzas del orden también actuaron en la vivienda de Alexey Navalni mientras su esposa permanecía en ella. Yulia Navalni colgó en internet varios vídeos grabados durante los registros en los que se asomaba a la ventana para decirle a los periodistas congregados afuera que no se le había permitido la entrada a su abogado. Seguidores del opositor denunciaron en internet que la policía también realizó registros en las oficinas de su fundación anticorrupción y en el estudio donde se realizan y montan los vídeos que Navalni cuelga en internet, así como el apartamento de la portavoz del opositor, Kira Yarmych, condenada el pasado viernes a nueve días de cárcel.

La principal aliada de Navalny, Lyubov Sobol también fue detenida junto con la doctora Anastasia Vasilyeva, del sindicado Alianza de Médicos, respaldado por el opositor, y Maria Alyokhina, del grupo de punk Pussy Riot, todos ellos acusados de haber puesto en peligro la salud pública al convocar las manifestaciones multitudinarias del pasado sábado en las que no hubo medidas de protección frente al covid. A estas acusaciones se suman las de la oficina supervisora de telecomunicaciones “Roskomnadzor” que hoy mismo anunció que va a sancionar a redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki y YouTube por haber publicado mensajes y llamamientos incitando a menores a participar en las protestas, culpando directamente a la mano derecha de Navalni, Leonid Volkov de haber centrado su propaganda en esos menores de edad, habiendo ya abierto una causa penal contra él.

La versión oficial del equipo de Navalni es que todos los registros realizados solo intentan silenciar las voces críticas y han vuelto a llamar a la protesta convocando una nueva manifestación para el próximo domingo 31 de enero en más de cien ciudades de Rusia y especialmente en la capital, proponiendo arrancar la marcha frente a la sede del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB). Mientras, la Fiscalía de Moscú vuelve a advertir del riesgo de nuevas movilizaciones masivas para la salud pública y por lo tanto de la no autorización de las mismas, “tanto la organización de un evento público no autorizado como la participación en él conllevan una responsabilidad establecida por la legislación rusa”. Durante las manifestaciones del pasado sábado se llevaron a cabo alrededor de 4.000 detenciones y se abrieron más de 20 casos penales.

Navalni acusa directamente al Kremlin de haber ordenado su envenenamiento el pasado 20 de agosto, cuando al volver a Moscú de la ciudad siberiana de Tomsk empezó a sentirse mal. Después de entrar en coma fue trasladado en un avión medicalizado enviado por Alemania al hospital berlinés de Charité, donde ha permanecido los últimos meses hasta que volvió a Rusia el pasado 17 de enero, día en que fue detenido en el mismo aeropuerto de Moscú. Navalni está acusado de varios delitos de fraude a gran escala y de saltarse los controles periódicos a los que le obligaba una condena que fue suspendida y que ahora podría reactivarse.