Las manos manchadas de sangre de Raisi

A finales de julio de 1988, miles de disidentes políticos encerrados en prisiones por todo Irán desaparecieron sin previo aviso. “La mayoría eran hombres y mujeres jóvenes, injustamente encarcelados por sus opiniones políticas y actividades de protesta no violentas. Repentinamente, las visitas de familiares a las prisiones fueron suspendidas. Empezaron a circular rumores de ejecuciones masivas y entierros de cadáveres en fosas comunes”, denunció Amnistía Internacional (AI). En un extenso informe, la ONG investigó los crímenes impunes cometidos por el régimen de los ayatolás, en que se estima que fueron asesinadas entre 4.500 y 5.000 personas.

Por aquel entonces, el recientemente elegido presidente Ebrahim Raisi formaba parte de un grupo de cuatro jueces, conocido como “el comité de la muerte”, encargado de dictar las penas capitales. “Las autoridades mantuvieron los asesinatos masivos como secretos de estado”, destacó AI. Pero tres valiosas filtraciones lograron destapar el caso. Entre ellas, la fatwa (orden legal religiosa) emitida por el propio ayatolá Khomeini, en que ordenó las ejecuciones. Desde entonces, los familiares de las víctimas han recibido presiones y amenazas durante su búsqueda de la verdad y la justicia.

Apenas había pasado la primera década desde la Revolución Islámica del ayatolá Khomeini. Los hechos ocurrieron tras finalizar la cruenta guerra entre Irak e Irán. Durante el conflicto bélico, hubo una infiltración del grupo opositor armado iraní “Organización Popular de los Muyahidines” (PMOI, por sus siglas en inglés), desde su base en suelo iraquí. Fue la coartada perfecta para el dictamen de Khomeini, que en su fatwa ordenó a las autoridades actuar con “rabia revolucionaria y rencor contra los enemigos del Islam”.

Tras contrastar los testimonios y pruebas recabados por AI -que tiene vetada la entrada a Irán-, su informe concluye que se produjeron “crímenes contra la humanidad, que incluyen asesinato, exterminio, desaparición forzosa, tortura y otros actos inhumanos”.

Ahmbad Ebrahimi, de 60 años, sobrevivió a la ejecución masiva. Describió la previsible victoria de Raisi en los recientes comicios como una “pesadilla”: “cuando vi que era candidato, no pude creerlo”. En 1981, a sus 20 años, fue encarcelado por su militancia en el PMOI. Cuenta que sufrió tortura física y emocional, que estuvo aislado en solitario, y que se le privaba del sueño.

En agosto de 1988, Raisi visitó la prisión donde se encontraba. Él y otros 60 reos fueron cuestionados individualmente por el próximo presidente de Irán y sus colaboradores. “Estaba asustadísimo, sabía que estaban matando a la gente”, explicó. Instantes después, presenció en directo la ejecución de 70 prisioneros. En otra sección, que albergaba a 200 opositores, solo sobrevivieron 13 personas.

En testimonios recogidos por el diario británico The Times, varios iraníes refutaron las palabras de Raisi, que tras su victoria se autoproclamó un “defensor de los derechos humanos”. Farideh Goudarzi (59 años), que fue encarcelada por su militancia opositora en 1983, contó que Raisi ordenó directamente palizas, apedreamientos y violaciones, así como ejecuciones por ahorcamiento o lanzando a presos por precipicios. Su hermano y su marido fueron ejecutados, y ella fue arrestada a una semana de dar a luz a su bebé. “Fui llevada a una corte revolucionaria, donde Raisi estaba presente. Pese a mi condición, me ataron a una cama. Él miraba mientras me electrocutaban”, aseguró.

Interrogatorios y torturas

Goudarzi, que hace cinco años abandonó su país para instalarse en Albania, cuenta que se vio repetidamente con Raisi, ya que “fui interrogada varias veces al día. Escuchaba los gritos y sollozos de otros mientras eran torturados”. Una noche, el presidente electo acompañó a los guardas durante la ronda nocturna. “Raisi estaba en la puerta, cuando un agente tomó a mi bebé de 38 días, y lo lanzó al suelo desde una distancia de 60 centímetros”. Afortunadamente, se salvó de dos condenas de muerte gracias a la apelación de clemencia de un clérigo.

Mahmoud Royaei, de 58 años, fue condenado a muerte a sus 18 años. Se salvó gracias a un error administrativo, pero en 1981 se le aplicaron 10 años de condena penitenciaria. “En su etapa de fiscal en Karaj, Raisi fue el primero en ordenar el lanzamiento de un joven desde lo alto de una colina”, explicó. Luego, “lo encaré en el comité de la muerte, y me negué a confesar”. Su colega de celda, Kaveh Nasari, fue torturado a pesar de sufrir epilepsia. “Fue llevado al corredor de la muerte, donde sufrió un brote psicótico. Pese a que había cumplido sus días de condena, Raisi ordenó su ejecución”.

Para AI, que pide a la comunidad internacional que exija responsabilidades por las ejecuciones masivas, el tono triunfalista en el discurso postelectoral del próximo presidente prueba que “los culpables de graves violaciones de derechos humanos en Irán se sienten inmunes”.

La ONU demanda una investigación independiente

El investigador de derechos humanos de la ONU en Irán ha pedido una investigación independiente sobre las denuncias de ejecuciones ordenadas por el Estado de miles de presos políticos en 1988 y el papel desempeñado por el presidente electo Ebrahim Raisi.

Javaid Rehman, en una entrevista con Reuters el lunes, dijo que a lo largo de los años su oficina ha reunido testimonios y pruebas. Estaba dispuesto a compartirlos si el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas u otro organismo establece una investigación imparcial.

Reconoció que estaba preocupado por los informes de que algunas “fosas comunes” están siendo destruidas como parte de un encubrimiento continuo.

“Creo que es hora y es muy importante ahora que el señor Raisi es el presidente (-electo) de que comencemos a investigar lo que sucedió en 1988 y el papel de los individuos”, dijo Rehman desde Londres, donde enseña derecho islámico y derecho internacional.