Polémica en Francia: vacunarse contra el despido

El llamado “pase sanitario” -que certifica la vacunación completa contra el COVID-19 o un test negativo- comenzará a ser exigido en Francia a partir del 9 de agosto para entrar a los restaurantes, cafés, museos, cines, centros comerciales, hospitales y también para viajar en avión, tren o autobús. Una medida que causa un profundo malestar entre sus detractores, que siguen saliendo a la calle a protestar, como lo hicieron este sábado por tercera semana consecutiva.

Pero no sólo los clientes o los viajeros miran con recelo el pase sanitario. Los que están del otro lado del mostrador, quienes trabajan en esos servicios al público también tienen sus riesgos, tanto de contagio como de perder sus puestos.

¿Puede un empleado ser despedido por no vacunarse contra la COVID-19? No queda muy claro, puesto que existen fuertes contradicciones dentro del Gobierno francés. En su versión original, el proyecto de ley del Pase Sanitario estipulaba que aquellos trabajadores que ocuparan cargos con mayor exposición al COVID y que no presentaran un pase sanitario, podían ser despedidos. Cuidadores de personas mayores, camareros de restaurantes, personal de teatros y cines, guías de museos y un largo etcétera, entraban en esa lista.

Esta medida, por demás controvertida, había sido aprobada en primera lectura por la cámara de diputados. Y de hecho, disponía etapas y tiempos límites: a partir del 15 de septiembre, los empleados que se negaran a vacunarse o presentar un pase sanitario, podrían ser suspendidos hasta por dos meses. Al final de este período, si el empleado sujeto a la obligación de vacunación no la había cumplido, su empleador podía despedirlo.

Al llegar al Senado, el artículo se estrelló contra la pared. Los senadores franceses lo rechazaron contundentemente y votaron para que fuera modificado, alegando una violación a los derechos laborales, históricamente defendidos a sangre y fuego en Francia. Luego de 60 horas de discusión, el parlamento francés, en plenaria, aprobó una versión actualizada: el empleado que rehúse vacunarse puede ser suspendido, sin sueldo, pero no despedido. De hecho, antes de la suspensión hay otras opciones, como ser transferido a otro puesto con menos contacto con el público, que no exija la vacunación obligatoria.

La contradicción de la ministra de Trabajo

Cuando todo parecía muy claro y los empleados de servicios respiraban aliviados, llegó la explosiva declaración de la ministra de Trabajo de Francia, Elisabeth Borne: “No hay que dar a entender a los trabajadores que no puede producirse un despido”.

Según Borne, el hecho de que el parlamento francés haya decidido eliminar las regulaciones de despido de la Ley del Pase Sanitario, no significa que el despido no se producirá. “Lo que significa es que el despido es posible pero no habrá un marco legal que proteja al empleado” asegura la ministra.

Para justificar esta declaración, Borne hace referencia al Código de Trabajo de Francia, que prevé dos escenarios para que ese despido sea legal: el primero, que el empleado no vacunado sea declarado como “no apto” para ejercer sus funciones. ¿Cómo se llega a tal declaración? A través del examen de un médico laboral. Siendo el pase sanitario obligatorio, el médico estará forzado a emitir una constancia de no-vacunación del trabajador, lo cual le impide realizar sus labores con el público y por lo tanto, se le considerará “no apto”.

La inaptitud es motivo legal de despido en Francia y puede aplicarse también en el contexto COVID. El segundo escenario es la ausencia prolongada. En el texto de la ley del Pase Sanitario, el parlamento francés decidió adoptar la suspensión sin sueldo de un trabajador reacio a vacunarse, para evitar el despido. Pero en realidad, según el Código de Trabajo, una cosa puede llevar a la otra.

Si un empleado es suspendido durante varias semanas por no presentar el pase sanitario, su contratante puede apelar a la figura de “desorganización de la empresa” y proceder al despido. En cualquiera de los casos, el trabajador tendría derecho a una alta indemnización.

Y esto último es clave. Más allá de lo que permita la ley, la organización patronal de Francia, MEDEF, ya ha declarado que no está dispuesta a asumir los costos económicos que supone despedir a empleados no vacunados. Añadiendo que a nivel moral, la posibilidad de despido le echa más leña al fuego a la tensa relación que la empresa privada tiene hoy con su recurso humano, duramente golpeado desde marzo de 2020.