La Justicia británica autoriza la extradición de Assange a Estados Unidos

Un juez había dictaminado en enero que el fundador de Wikileaks se podría suicidar en caso de ser enviado a EEUU para ser juzgado

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, está cada vez más cerca de ser extraditado a los Estados Unidos, donde le reclaman para juzgarle por delitos de espionaje e intrusión informática. El Tribunal de Apelación de Londres concluyó ayer que el Gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que el periodista australiano recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental, fallando así en contra de la decisión emitida el pasado mes de enero por la Corte de Magistrados de Westminster de rechazar la entrega, bajo el argumento de que existe “riesgo de suicidio”.

El magistrado Timothy Holroyde indicó que el caso será ahora devuelto a la jueza de primera instancia Vanessa Baraitser para que a su vez lo remita a la ministra del Interior, Priti Patel, a fin de que ordene la extradición. Holroyde dispuso además que Assange, de 50 años, seguirá detenido en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, donde cumple prisión preventiva hasta que termine este proceso, que aún puede ser recurrido por la defensa.

Su prometida, la abogada  Stella Moris, asegura que lucharan hasta el final. Pero lo cierto es que está complicado que el recurso pueda prosperar. “Cada generación tiene una lucha épica y esta es la nuestra. Porque Julian representa los fundamentos de lo que significa vivir en una sociedad libre, con una prensa libre, donde los periodistas puedan hacer su labor sin tener que pasar el resto de sus vidas en prisión”, matizó a la salida de los tribunales, donde se concentraron decenas de seguidores del fundador de WikiLeaks, pidiendo su libertad.

Por su parte, el coordinador de la defensa, Baltasar Garzón, mostró su más profundo desacuerdo con la decisión del Tribunal Superior y avanzó que agotaran “todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y acceso a la información”.

Durante el juicio del 27 y el 28 de octubre, el fiscal James Lewis, en representación de la Justicia estadounidense, garantizó que, de ser extraditado, el periodista no será sometido a “medidas administrativas especiales”, como tener vetadas las visitas o la correspondencia, ni antes del juicio ni si fuera condenado, ni ingresaría en la cárcel ADX Florence -de súper máxima seguridad- en Colorado, a no ser que -matizó- posteriormente hiciera algo para merecerlo. Además, Washington promete que, mientras estuviera bajo custodia, Assange recibiría el tratamiento psicológico adecuado y, en caso de condena, podría cumplirla en su país natal de Australia.

Estados Unidos reclama al australiano para juzgarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática tras las revelaciones de su portal WikiLeaks entre 2010 y 2011, que, entre otras cosas, expusieron abusos de Washington en las guerras de Irak y Afganistán.

Según la defensa de Assange, las acusaciones, que dice que pueden acarrear hasta 175 años de cárcel, están políticamente motivadas y, si acaban en condena, sería un precedente catastrófico para la libertad de prensa.  Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos señala que era más probable que la sentencia fuera de entre cuatro y seis años.

Assange fue detenido en el Reino Unido en 2019 tras haber pasado siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres a fin de evitar su entrega a Suecia, que lo quería interrogar por delitos sexuales que él negaba y que fueron posteriormente retirados, por temor a ser, en última instancia, extraditado desde ese país a Estados Unidos.

Durante este último proceso legal, su prometida Stella Moris, madre de dos de sus hijos, se refirió a las noticias publicadas hace unos meses por el portal Yahoo News donde se destapaba un supuesto complot orquestado por la CIA (cuando Mike Pompeo estaba al frente de la agencia) para “secuestrar o asesinar” al australiano cuando aún estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Según esas pruebas, una empresa de seguridad española (Undercover Global S.L), -que está actualmente siendo investigada en Madrid- pudo haber espiado al activista, colocando cámaras ocultas o interceptando correos, cuando se encontraba asilado en la legación de Ecuador en la capital británica y podría haber formado parte de la citada conspiración contra Assange. “Esto muestra la verdadera naturaleza, los verdaderos orígenes, la verdadera criminalidad de las acciones de Estados Unidos contra Julian”, matizó el pasado mes de octubre.