El régimen de los ayatolás elevó un listón su política de ejecuciones. Ali Reza Abkari, un ex alto cargo del ministerio de Defensa con doble nacionalidad iraní-británica, fue ejecutado tras ser acusado de espiar para el Reino Unido. Teherán desoyó las advertencias de países occidentales, que exigieron no aplicar la condena de muerte, en un país sumido en las protestas hace casi cuatro meses por la muerte de la joven Masha Amini.

Tras la ejecución de cuatro penas capitales a manifestantes acusados de alborotos o muertes de agentes de seguridad, el ahorcamiento de Akbari, cercano al alto oficial de seguridad Ali Shamkhani, es interpretado como un intento del régimen de acallar voces críticas dentro del aparato de defensa.

La condena suscitó duras críticas desde Londres, Washington y otros Estados europeos. “Fue un acto cobarde, llevado a cabo por un régimen barbárico que no respeta los derechos humanos de su propio pueblo”, denunció el primer ministro británico Rishi Sunak. James Cleverly, ministro de Exteriores, exigió explicaciones a la delegación diplomática iraní en su país y advirtió que “esto no quedará sin consecuencias”. La primera represalia fue la aplicación de sanciones sobre el fiscal general iraní, Mohammad Jafar Montazari, que entraron en efecto el mismo sábado.

El ahorcamiento, que recuerda a la purga masiva efectuada en los estamentos militares tras la Revolución Islámica de 1979, fue anunciado por la agencia Mizan –asociada a la judicatura iraní- sin especificar cuándo se produjo. Acorde a la agencia AP, circularon rumores de que podría haber sido ajusticiado hace varios días.

Como en condenas previas, Akbari recibió la máxima condena sin que se presentaran en su contra pruebas fehacientes del delito. La Justicia le acusó de proveer información al M-16, el servicio secreto británico. En el difuso comunicado de prensa, se acusó al ex alto cargo de haber recibido altas sumas de dinero, entrenamiento, encuentros con otros espías en Austria o Emiratos Árabes Unidos, y la obtención de la ciudadanía británica a cambio de sus servicios. Por todo ello, fue inculpado con el cargo de “corrupción en la tierra”. No es la primera vez que Irán acusa a ciudadanos iraníes con vínculos en Occidente de ejercer de espías.

Akbari, director de un “think tank” privado, podría haber sido arrestado en 2019, aunque los detalles de su causa solo salieron a la luz en las últimas semanas. Los acusados de atentar contra la seguridad nacional de Irán suelen ser ajusticiados a puerta cerrada y, del mismo modo que los pleitos a los civiles involucrados en la revolución de las mujeres, no pueden escoger a sus abogados ni se les permite ver las pruebas por las que se les acusan.

“Las acciones del servicio de espionaje británico en este caso demuestran el valor del convicto, la importancia de sus informaciones y la confianza que tenía el enemigo en él”, especificó la judicatura iraní. Para Londres, el caso es una prueba más de “la total falta de respeto del régimen por la vida humana”.

Entre las acusaciones vertidas contra el ex oficial ahorcado, se le achaca haber filtrado información sobre decenas de altos cargos iraníes, incluido el científico Moshen Fakhrizadeh, el “padre” del programa nuclear asesinado en 2020 en una acción atribuida al Mossad israelí. Presuntamente habría empezado a espiar para el M-16 en 2004, y en 2009 Londres le habría aconsejado que abandonara Irán. A principios de esta semana, la agencia estatal IRNA reveló un video con confesiones supuestamente forzadas de Akbari, que según sus familiares era inocente y murió víctima de los “juegos políticos” del régimen de los ayatolás.

El servicio persa de la BBC publicó el miércoles un audio del ejecutado denunciando torturas. “Con el uso de métodos psicológicos rompieron mi voluntad, me enloquecieron y me forzaron a hacer lo que ellos querían. Mediante una pistola y amenazas de muerte me hicieron confesar falsos testimonios”, aseveró. Sin presentar evidencias claras, Irán sigue acusando a Occidente de fomentar las protestas que exigen la caída de la élite clerical.