OEA: Nicaragua no cumple con Carta Democrática

(AP). El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó el miércoles una resolución que afirma que Nicaragua no cumple con los compromisos de la Carta Democrática Interamericana o la serie de medidas establecidas para garantizar el orden democrático en la región.

La resolución, aprobada por 25 países, insta al gobierno del presidente Daniel Ortega a poner en libertad a todos los presos políticos y a aceptar una misión de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA para ayudar a llevar a cabo reformas electorales. También indica que el Secretario General del organismo, Luis Almagro, solicitará una reunión con Nicaragua para pedirle que acepte la misión y que luego presentará un informe sobre esa gestión a más tardar el 17 de diciembre.

La OEA cuenta con 34 países que son miembros activos. El miércoles ocho países, entre ellos Bolivia, Argentina y México, se abstuvieron de votar la resolución. Nicaragua fue el único país que votó en contra.

Nicaragua llevó a cabo elecciones presidenciales a principios de noviembre en las que Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva. Fueron criticadas internacionalmente por la falta de oposición real y el encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia.

La Asamblea General de la OEA aprobó en noviembre una resolución que declaraba que las elecciones presidenciales en Nicaragua “no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática.” La resolución pedía instruir al Consejo Permanente de la OEA a que analice la situación en el país centroamericano y entonces se tomen “acciones apropiadas”.

Poco después, Nicaragua anunció que se retiraba del organismo. Ese proceso, sin embargo, puede llegar a tomar dos años.

Michael René Campbell, representante permanente alterno de Nicaragua ante la OEA, rechazó la sesión del miércoles, calificándola de otro “evento intervencionista” en la “despreciable” historia de la OEA de “deshonrosa, desvergonzada entrega y sumisión al imperialismo norteamericano.”

“Este es otro momento que subraya la ínfima condición de lacayos y arrodillados de este organismo, que ha perdido toda legitimidad o credibilidad, y que no cuenta con ningún respeto entre los pueblos,” dijo Campbell.

La resolución del miércoles dice que la misión de alto nivel podría ayudar a realizar reformas electorales “de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en el marco del derecho internacional”. También dice que la misión ayudaría a un proceso que conduzca a la revocación en el país de todas las leyes que restrinjan la participación política.

La misión, además, propiciaría un diálogo con todos los partidos políticos “con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble”.

La resolución también pide al gobierno de Ortega que permita el retorno inmediato de órganos internacionales de defensa de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La mayoría de países que hablaron en la reunión del miércoles se expresaron a favor de propiciar el diálogo con Nicaragua.

Bradley Freden, representante interino de Estados Unidos ante la OEA, dijo que la resolución “marca un camino claro” para que Nicaragua regrese “a la democracia y al respeto por los derechos humanos”. El estadounidense destacó que la OEA debe estar lista para dialogar y ofrecer soluciones a esta crisis institucional.

“Debemos estar igualmente listos para responder si vemos un rechazo continuo (de Nicaragua) a comprometerse,” dijo Freden.

Si Nicaragua no acepta lo que pide la resolución, la OEA seguirá evaluando qué hacer. Ahora el organismo está ejerciendo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que dice que, en caso de grave “alteración” de la democracia, se faculta al secretario general o a cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.

El artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana dice que la OEA puede considerar la suspensión de un Estado miembro.