Los famosos cacerolazos argentinos se volvieron a escuchar en Buenos Aires y otras ciudades del país, la noche del miércoles 21, después de los 15 minutos que necesitó el presidente Javier Milei para anunciar en conferencia de prensa y en cadena nacional el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) o «Decretazo», que busca derogar 300 leyes para desregular la economía en ese país. El paquete de medidas no perdió de vista ningún aspecto de la vida de los argentinos, hasta los clubes de fútbol han sido incluidos. Pero las que han causado mayor conmoción han sido las medidas que comprometen la vivienda, la salud, los derechos laborales y el consumo de alimentos.

En nombre de la libertad y de un plumazo Milei ha decretado la abolición a más de 300 normas, entre ellas la ley de alquileres, la ley de góndolas –que promovía la compra a las pequeñas empresas–, la ley de abastecimiento –el Estado cubría la falta de alimentos– y la ley de protección a la industria nacional. También ha ordenado la desregulación de los precios de los alimentos, la liberación de los precios de los seguros privados de salud y hasta la liberación de los intereses punitivos de las tarjetas de crédito.

«Todos vamos a necesitar el doble de plata para comprar alimentos. Argentina vive el día a día, nosotros ya hace meses que venimos adaptando el negocio y viendo qué es lo que tenemos que decantar porque no lo van a poder comprar más», dice Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires. Y repasa los precios de algunos productos que ya han duplicado o triplicado su valor: «El arroz de 450 pesos ahora se vende en 1.200 pesos (poco más de 1 dólar); el aceite cuatriplicó el valor, a mediados de noviembre lo vendía en 550 pesos, ahora en 2000 pesos (2 dólares); un café instantáneo de frasco de 1600 pesos, ahora está por arriba de los 3 mil pesos (3 dólares)».

Otro anuncio que ha sobresaltado a los argentinos es la abolición de la ley de los alquileres, que ha generado muchas dudas y angustias porque se dice que favorecería a los propietarios. Uno de los puntos es que de ahora en adelante se permite pactar todo tipo de contratos en dólares y otras monedas extranjeras. «La gente viene, se sienta, se pone a llorar y nos dice que no sabe a dónde va a ir a vivir», dice Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos. Y agrega, «que no haya reglas de juego claras, que el Estado fomente el sálvese quien pueda, va a generar una guerra de todos contra todos. Y va a obligar a una familia que no pueda pagar el alquiler, que decida quedarse en una vivienda porque en algún lugar su familia tiene que vivir, eso traerá mayor conflictividad social».

En Argentina cerca de ocho millones de personas destinan parte de sus ingresos en el alquiler de una vivienda para sus familias. Milei justificó la derogación de esta ley «para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea». Pero hay quienes opinan que la odisea va a continuar. Este año, los alquileres experimentaron un aumento superior a 300% interanual.

Tras las primeras protestas sociales, el jueves por la mañana, el presidente Milei en una entrevista radial adelantó que se vienen más medidas, ratificó que cualquier empresa pública está llana a ser privatizada y subestimó los cacerolazos y el descontento ciudadano puesto de manifiesto en varias ciudades del país. En ese sentido, el mandatario argentino dijo en tono despectivo que los ciudadanos que protestaron contra su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) «están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece».

«Puede ser que haya gente que sufre el síndrome de Estocolmo. Hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo», dijo para referirse a la masiva movilización de ayer encabezada por algunas organizaciones sociales y agrupaciones políticas. Agregó que su DNU «no es un paquete pro-empresas sino pro-mercado, o sea pro-libertad» y con desmedida ilusión pronosticó que «va a incrementar el bienestar de las personas». Aclaró, de otro lado, que las medidas «ya están vigentes» y «rigen desde hoy», lo que ha generado aún más desconcierto y duros calificativos por parte de algunos diputados de la oposición. «La forma de este DNU es brutal y el contenido es doblemente brutal. Se corre al Estado de todos los aspectos sociales y económicos y se impone al mercado a lo bestia», opinó Daniel Arroyo, diputado de la Nación de Unión por la Patria, el partido parlamentario del peronismo que cuenta con un total de 104 diputados.

La Unión Cívica Radical, que alberga 15 diputados, también a través de un comunicado se pronunció en contra del DNU. «El Poder Ejecutivo está a tiempo de enmendar su error, enviando un proyecto de ley espejo que pueda debatirse en el congreso de la Nación».

Se pronunció también Hugo Godoy, secretario general nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), dijo que Milei trae «una bomba contra los argentinos» y «quiere gobernar por decreto». «Vamos a convocar un paro nacional para que no se aplique este DNU. Se tiene que dar medidas de acción de manera inmediatas, por ejemplo, movilizaciones y paros en todo el país», declaró.

Horacio Rodriguez Larreta, economista y exjefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también se pronunció a través de sus redes sociales: «Así no. La Argentina necesita reformas, pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en cuatro años, otro presidente con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás».

La tarde del jueves se supo también que la primera iniciativa de inconstitucionalidad del DNU había ingresado a un juzgado argentino, por parte de una asociación civil. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez opinó en un espacio televisivo que el DNU de Milei «es inconstitucional porque atenta contra la división de poderes», al dejar de lado al Parlamento en el debate de estas medidas. Entre tanto, empleados del Banco de la Nación marchaban también por las calles bajo el lema «el Banco de la Nación no se privatiza». Se esperaban medidas similares de empresas como Aerolíneas Argentinas e YPF, luego que Milei dijera esta mañana que las empresas públicas estaban listas para privatizarse por eso las había convertido en sociedades anónimas.