El gobierno de Lai Ching-te ha presentado un controvertido proyecto de ley que endurece las condiciones para que los ciudadanos del continente obtengan residencia en la isla, para contrarrestar lo que considera una creciente infiltración de Pekín.

La medida, condenada con furia por Pekín como un ataque a las relaciones transfronterizas, refleja el pulso de un territorio que se blinda ante las sombras de la ambigüedad identitaria y las presiones militares de su vecino.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio del Interior y alineada con la estrategia de seguridad nacional de 17 puntos de Lai, exige a los solicitantes renunciar formalmente a su registro familiar en China continental y entregar pruebas notariadas de haber anulado su pasaporte chino –incluso cortando una esquina del documento si aún lo poseen–. Un affidavit jurado bastará si las pruebas certificadas faltan, pero el mensaje es claro: Taiwán no tolerará dobles lealtades.

Anunciada en marzo como respuesta a las amenazas de coerción económica y la infiltración social de Pekín, esta reforma podría ser uno de los cambios más radicales en décadas en la gobernanza de las relaciones cruzadas del estrecho.

Críticos taiwaneses advierten de que la disposición podría ser inconstitucional y castiga a relaciones inocentes, mientras Pekín arremete contra Lai, al que considera un “hereje”, y acusa de avivar la confrontación.