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Assange, más cerca de Estados Unidos

Al fundador de Wikileaks se le acusa de 18 cargos, entre ellos el de violar la Ley de Espionaje.

  • Julian Assange abandona la Corte de Magistrados de Westiminster el día que fue detenido, el 11 de abril
    Julian Assange abandona la Corte de Magistrados de Westiminster el día que fue detenido, el 11 de abril
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Nueva York.

Tiempo de lectura 4 min.

12 de junio de 2019. 02:29h

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Julio Valdeón Nueva York. 12/6/2019

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El Gobierno de EE UU ha formalizado la petición de extradición de Julian Assange, detenido en la Embajada de Ecuador en Londres hace apenas dos meses. Según diversas fuentes, el ciberactivista es reclamado por hasta 18 cargos, entre los que destaca el tráfico y publicación de material clasificado como secreto. Lo acusan de reventar los servidores del
Departamento de Estado junto a Chelsea Manning, encarcelada desde mayo por negarse a declarar ante un Gran Jurado sobre Assange y Wikileaks. Sus abogados insisten en que lo que pueda decir ya lo explicó en su momento y que cualquier declaración sería no solo redundante, sino que reabre una serie de cuestiones previamente juzgadas.

Con la petición para que sea extraditado, la Casa Blanca lanza la ofensiva final para lograr que Assange termine frente a un tribunal estadounidense. La Fiscalía y el Departamento de Estado están convencidos de que conspiró junto a Manning para «hackear» las terminales gubernamentales. O como explicó la Fiscalía de Virginia, piratearon «la contraseña almacenada en los ordenadores del Departamento de Defensa conectados a la Red Secreta (SIPRNet), usada por el Gobierno para clasificar documentos y comunicaciones».

El caso está siendo muy contestado desde diversos sectores, que acusan a la Casa Blanca de poner en peligro la Primera Enmienda de la Constitución de EE UU, que garantiza la libertad de prensa y la necesidad de que los medios puedan publicar material clasificado que apunte o demuestre la comisión de un delito por parte del Estado. En mayo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por boca de Ben Wizner, uno de sus principales directivos, avisaba de que «por primera vez en la historia de nuestro país, el Gobierno ha presentado cargos penales contra un editor por la publicación de una información veraz. Se trata de una escalada extraordinaria en los ataques de la Administración Trump contra el periodismo y de un ataque directo a la Primera Enmienda. Establece un precedente peligroso que se puede usar para atacar a todas las organizaciones de noticias que responsabilizan al Gobierno mediante la publicación de sus secretos. Y es igualmente peligroso para los periodistas estadounidenses que descubren los secretos de otras naciones. Si EE UU puede procesar a un editor extranjero por violar nuestras leyes de secreto, no hay nada que impida que China, o Rusia, hagan lo mismo».

Abogado desde 2013 de Edward Snowden, Wizner ha sido una de las voces más críticas contra la detención de Assange y los dilemas y turbulencias de todo tipo que podría ocasionar tanto en la prensa de EE UU como a nivel mundial. ¿Qué podría impedir a Pekín o a Moscú presentar demandas contra reporteros de «The New York Times», la NBC o «The Washington Post» en el caso de que publiquen material que consideren reservado o sensible, qué entra dentro del paraguas de la seguridad nacional y cómo deslindar la decisiva protección de los intereses de un Estado con la salvaguarda del derecho a la información y el papel de los medios como buscadores de trapos sucios y otros delitos y faltas, especialmente cuando estos han podido cometerse desde el poder? ¿Y hasta qué punto puede presentarse como un héroe a alguien que habría actuado en comandita con el espionaje de países dudosamente democráticos para erosionar el sistema legal y político de un tercero, EE UU, que sí lo es?

Tanto el actual Gobierno como el presidido por Barack Obama, así como los fiscales y los servicios secretos, consideran que las filtraciones de Wikileaks pusieron en peligro la vida de multitud de agentes y colaboradores del espionaje de EE UU en zonas particularmente conflictivas, empezando por las guerras en Afganistán e Irak. También manejan indicios que apuntan a una posible colaboración con los servicios secretos rusos para perjudicar en 2016 la campaña electoral de Hillary Clinton y beneficiar a Donald Trump. Por no hablar de sus reuniones en la Embajada de Ecuador en Londres con dos personajes tan turbios como Paul Manafort y Roger Stone.

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