Barrios populares de Buenos Aires, bajo control de las mafias tras los ajustes de Milei

La elección es brutal, casi matemática, y se plantea a diario en los barrios más desfavorecidos de Argentina. Ochenta mil pesos por una hora de trabajo para una banda criminal. Siete mil por una jornada entera recogiendo cartón. Esta desproporción abismal explica por qué para muchos jóvenes el narcotráfico no es una opción, sino la única salida en un país donde la delincuencia ofrece una carrera.

De hecho, esta disyuntiva personal se enmarca en una crisis económica de gran envergadura. Aunque el gobierno de Javier Milei ha logrado contener la inflación, la economía argentina permanece estancada. La situación es tan precaria que casi la mitad de la población necesita recurrir a créditos para algo tan básico como comprar alimentos, dibujando un panorama de desesperación que se ha convertido en el mejor aliado del crimen organizado.

Este caldo de cultivo se ha visto agravado por la estricta política de recortes en el gasto público impulsada desde la Casa Rosada, que ha generado un profundo vacío de poder. La retirada de la administración en las zonas más vulnerables ha sido drástica, afectando a la ayuda alimentaria, los programas de desintoxicación y las iniciativas de formación para el empleo, lo que ha dejado a miles de personas desamparadas.

Un estado paralelo levantado sobre los escombros del gasto público

En este escenario, las bandas de narcotraficantes han aprovechado el abandono institucional para erigirse en una suerte de proveedores alternativos. Han comenzado a gestionar comedores sociales para alimentar a las familias, a facilitar pequeños préstamos a quienes no tienen acceso al sistema financiero y a ofrecer trabajo dentro de sus redes ilícitas. Su objetivo no es filantrópico, sino estratégico: buscan consolidar su dominio territorial y granjearse una base de apoyo social.

Lógicamente, la creciente influencia de estas organizaciones ha traído consigo un notable aumento de la violencia. La implantación de este Estado paralelo se impone a sangre y fuego. Los tiroteos y los ajustes de cuentas son cada vez más frecuentes, sumiendo a los vecinos en una espiral de inseguridad constante, atrapados entre la desatención del gobierno y la ley impuesta por los narcos.