El luto oficial en Hong Kong concluyó este lunes entre banderas a media asta y una cola de kilómetros de ciudadanos atormentados que, en silencio, dejaron crisantemos blancos y amarillos ante las ruinas calcinadas de Wang Fuk Court, en Tai Po. La magnitud del desastre no admite eufemismos, con al menos 151 cadáveres identificados, alrededor de un centenar de desaparecidos y una búsqueda que se prolongará, como mínimo, tres semanas más. Es la catástrofe urbana más mortífera de la historia reciente de la ciudad. Pero el duelo ya no es lo único que paraliza, el miedo lo está superando. En apenas 72 horas, las detenciones bajo la Ley de Seguridad Nacional se han convertido en una de las prioridades del régimen.

Los hechos verificados

El fuego empezó en la torre 3 del complejo público con unos 4.800 residentes de renta baja y, en menos de cuatro horas, saltó a seis bloques más. La narrativa oficialista apuntó primero al andamio tradicional de bambú. Falso. El bambú aguanta temperaturas superiores a 300 °C durante más de 30 minutos. La chispa que convirtió un incendio en infierno tuvo otro combustible.

Peritos del Cuerpo de Bomberos y del Departamento de Justicia extrajeron veinte muestras de malla de contención perimetral en distintas cotas de las torres siniestradas entre el sábado y el lunes. Siete, recolectadas a más de 40 metros en cuatro bloques, incumplen de forma flagrante las ordenanzas: índice de propagación de la llama por encima de los límites y una generación de humo en rango alto. La conclusión técnica es incómoda porque es sencilla: lo que debía frenar el fuego lo alimentó.

El patrón, documentado, revela un engaño metódico. En las plantas intermedias se instaló el material homologado —polietileno de alta densidad con aditivo ignífugo—, el que pasa la inspección visual desde la calle. En las alturas, donde no llegan los ojos, se colocó polipropileno reciclado sin retardante. Un ahorro burdo convertido en trampolín de llamas. El supertifón Ragasa de julio dañó las fachadas; la “reparación” selló el desastre.

Los vecinos lo vieron venir. Entre julio y octubre, presentaron doce quejas por escrito al Departamento de Edificios alertando de "material plástico brillante que olía a quemado cuando se soldaba" y de operarios fumando junto a los andamios. Dieciséis inspecciones oficiales —dos conjuntas con Bomberos— no detectaron nada. Hoy, el hollín sobre la pared delata esa ceguera.

Detenciones y cargos

En apenas tres días desde que se desató el infierno, la Policía ha detenido a 17 personas. Trece de ellas —directivos y técnicos de la empresa Prestige Construction Ltd., consultoras de ingeniería estructural, subcontratas de andamio de bambú y firmas de renovación de fachadas— están imputadas por homicidio imprudente grave y fraude masivo en contrato público. La presunción de inocencia rige, pero el esqueleto penal es claro, si se confirma que hubo sustitución intencional de materiales y manipulación para sortear controles, la responsabilidad penal y civil será difícil de eludir.

Las otras cuatro detenciones —entre ellas un estudiante de 22 años, el exconcejal prodemocracia Kenneth Cheung Kam-hung y una voluntaria— se enmarcan en la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional de 2024. A los tres se les atribuye "incitación al odio contra el Ejecutivo" y "subversión" bajo los artículos 21 y 23. La pena posible, cadena perpetua, ilustra el salto cualitativo: de una tragedia con dimensión técnica y administrativa a una respuesta que estrecha el perímetro de lo decible.

Seguridad Nacional pisa el acelerador

La Oficina de Seguridad Nacional advirtió en un comunicado que "ciertos elementos hostiles están explotando la tragedia para incitar al odio contra el Gobierno central y el Ejecutivo". En 48 horas se han activado las nuevas facultades del Artículo 23 que implica la detención sin cargos hasta 16 días, incomunicación parcial y prohibición de elegir abogado propio durante las primeras 48 horas. El estudiante detenido había creado una petición digital que reunió 10.000 firmas en un día reclamando una comisión independiente y la dimisión de la secretaria de Vivienda, Winnie Ho Wing-yin. La plataforma borró la petición y suspendió su cuenta por "difusión de rumores" e "incitación al desorden".

La centralización de la investigación

El jefe del Ejecutivo adjunto, Eric Chan, anunció un "equipo interinstitucional" que centraliza todas las diligencias bajo mando directo del Departamento de Justicia. El Gobierno defiende que la coordinación busca eficacia y rigor. Sin embargo, la concentración de competencias en una sola mano —y, sobre todo, bajo el paraguas de Seguridad Nacional— eleva el riesgo de opacidad ya que limita la circulación de expedientes, difumina responsabilidades administrativas intermedias y dificulta la auditoría pública en tiempo real de la prueba clave, desde los pliegos de licitación hasta las órdenes de cambio de material.

Hong Kong encara el próximo domingo unas elecciones al Consejo Legislativo bajo el sistema de "patriotas gobernando Hong Kong" instaurado en 2021, con solo 20 escaños de elección directa frente a los 35 anteriores, un filtro previo de candidaturas y un Comité de Salvaguarda de Seguridad Nacional con potestad para inhabilitar aspirantes por "conducta subversiva" pasada o futura. El líder de la urbe, John Lee, ha paralizado la campaña, pero de momento no ha pospuesto la votación. El recuerdo es inevitable, en septiembre de 2020, con la covid-19 como argumento, Carrie Lam aplazó un año los comicios y aprovechó ese paréntesis para inhabilitar en bloque a la oposición prodemocracia.

Vidas en pausa

Mientras, la emergencia humanitaria continúa. En el centro comercial Tai Po Mega Mall, reconvertido en refugio temporal, más de un millar de supervivientes ocupan módulos con catorce días gratuitos. Otros 683 han sido derivados a hoteles subsidiados. Después, no hay claridad. Familias que lo han perdido todo esperan, entre filas de cajas y mantas térmicas, respuestas sobre realojos, ayudas y responsabilidades. Frente a las torres ennegrecidas, el memorial improvisado no deja de crecer. Los carteles ya no piden condolencias: "No fue el bambú, fue el sistema", "Cientos de muertos y detienen a quien pide justicia", "Queremos verdad, no Artículo 23".

En las ruedas de prensa, el Gobierno evita el término "fraude". Habla de "posibles incumplimientos", "prácticas inadecuadas" y "lecciones que aprender". El contraste con los hallazgos periciales y el cúmulo de señales previas alimenta la percepción de que el coste político recaerá en el nivel más bajo de la cadena —ingenieros, capataces, subcontratistas— y en quienes alzan la voz. Ese es hoy el temor más repetido entre los afectados.

Responder con documentos, no con consignas, marcará la frontera entre una depuración de responsabilidades y un cierre en falso. El perímetro de lo técnico ya está acotado: la malla ardió como no debía y propagó el fuego. Falta delimitar el perímetro de lo político y lo administrativo.

Hong Kong se mira hoy en un espejo inclemente. La respuesta a la desgracia mezcla eficacia operativa, centralización sin contrapesos y un despliegue de Seguridad Nacional que supera la esfera del dolor ciudadano. La política de símbolos no alcanza para suturar una brecha de confianza abierta por años de reformas que han reducido el escrutinio público. La reconstrucción de Wang Fuk Court llevará tiempo, la de la credibilidad, más aún.