El ex guerrillero Santrich pone en jaque los acuerdos de paz de Colombia

Colombia celebra el próximo domingo las primeras elecciones presidenciales con las FARC convertidas en partido político. La antigua guerrilla tiene asegurados 10 escaños en el próximo Congreso tal y como estipulaban los acuerdos de paz de La Habana. Los candidatos Iván Duque (del derechista Centro Democrático) y Gustavo Petro (izquierdista, ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá) son los que tienen más opciones de pasar a la segunda vuelta, según los sondeos. La pugna entre ambos líderes es un reflejo de la polarización del país tras el referéndum de 2016 en el que la mayoría de los colombianos dijeron “no” al pacto del Gobierno con las FARC.

La implementación del documento firmado en La Habana está resultando un proceso lento y complejo, y más aún en plena campaña electoral. A ello hay que sumar la irrupción de un nuevo elemento en el escenario político que le está dando muchos quebraderos de cabeza al Gobierno de Juan Manuel Santos. El pasado 9 de abril, el ex guerrillero y dirigente de las FARC Jesús Santrich fue detenido en Colombia acusado de conspirar para introducir en EE UU un cargamento de 10 toneladas de cocaína.

Santrich, seudónimo de Seuxis Hernández Solarte, fue capturado por orden de la Fiscalía de Colombia a petición de la Interpol, después de que un juzgado de Nueva York realizara la acusación de narcotráfico. El detenido es uno de los diez beneficiarios de esos 10 escaños que la antigua guerrilla pactó con el Gobierno colombiano. Anteriormente había sido miembro del Estado Mayor de las FARC. Se le considera un personaje provocador e insolente, y se le reconoce como uno de los negociadores más duros de las FARC en La Habana.

El dilema de las autoridades colombianas reside en qué hacer con el ex insurgente. Estados Unidos ha solicitado la extradición del ex guerrillero, que actualmente es un representante electo en la Cámara de Representantes del Congreso. La extradición al país norteamericano es un anatema para los arrestados por narcotráfico. Santrich ya ha dicho que prefiere morir antes que ser juzgado por una corte estadounidense.

El problema radica en que según la Justicia Especial para la Paz (JEP), organismo encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, los delitos anteriores a la firma de los acuerdos de La Habana serán sometidos a una jurisdicción paralela a la justicia ordinaria. La documentación en poder de la Fiscalía colombiana revela que Santrich formaría parte de una red de narcotraficantes que llevaría operativa desde junio de 2017, fecha posterior a la firma de los acuerdos de paz. Por tanto, no podría acogerse a los beneficios del pacto negociado por él mismo como miembro de la delegación de las FARC en Cuba.

Para enredar más aún las cosas, la Justicia Especial para la Paz decidió suspender la pasada semana el trámite de extradición del líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la actual denominación del que fuera grupo insurgente. Este organismo de paz transitorio congeló la extradición durante un máximo de 120 días para estudiar si el caso Santrich debe ser remitido a la justicia ordinaria, en cuyo caso se podría aprobar su envío a EE UU, o si debe someterse a la justicia transicional.

El caso Santrich se ha colado de lleno en la campaña. La decisión de la JEP ha suscitado críticas muy duras del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien considera que la justicia transicional se ha rebelado contra la Constitución colombiana y “ha quedado amenazada la institucionalidad democrática, las competencias del Congreso, la integridad de la jurisdicción ordinaria y la cooperación judicial internacional en la lucha contra el delito”.

El mismo día que fue detenido, Santrich inició una huelga de hambre que ha durado seis semana. Finalmente fue trasladado de la prisión de La Picota a la sede del episcopado colombiano. El ex guerrillero sostiene que su captura obedece a un plan para desestabilizar el proceso de paz del que él mismo había sido signatario. Los expertos colombianos consideran que la última palabra sobre el futuro de Santrich está en manos del presidente de la República de Colombia, pero no del actual, sino del que salga elegido el próximo domingo.