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Reino Unido

Un empresario construye una mega mansión sin permiso y convierte una tranquila calle en un callejón sin salida

El empresario Amir Azam deberá desmantelar por completo la mansión que construyó sin permisos en Dewsbury, Reino Unido. La justicia británica considera que la edificación rompe con la estética del barrio y afecta la calidad de vida de los vecinos

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Amir Azam, empresario del sector del descanso y director de Stonehouse The Bed Co, deberá demoler por completo una vivienda que construyó sin autorización en una apacible calle de Dewsbury, Reino Unido, tras una resolución firme del Planning Inspectorate.

La parcela, adquirida por unos 275.000 euros en 2021, fue transformada radicalmente al sustituir una construcción original por una mega mansión de 16 metros de longitud, cuyo diseño y volumen fueron considerados incompatibles con el entorno urbano. El Consejo de Kirklees destacó su impacto visual desproporcionado y el efecto opresivo que generaba sobre las propiedades colindantes.

La decisión, firmada por el inspector Conor Rafferty, establece que la única solución viable es la eliminación total de la edificación, incluyendo cimientos y dependencias auxiliares. Los vecinos del cul-de-sac, que durante tres años denunciaron el deterioro estético del barrio, han expresado su alivio ante la resolución.

La inspectora de Planeamiento Caroline Skelly explicó que, aunque la anchura de la vivienda es similar a la de otras casas de la zona, su gable delantero y mayor profundidad incrementan el volumen de forma notable, generando una presencia desarmónica en el vecindario.

El ayuntamiento ya había rechazado en 2023 la solicitud de permiso retrospectivo, argumentando que la obra no respetaba las características arquitectónicas del entorno. La sentencia subraya el daño causado al carácter del área y a las condiciones de vida de los residentes.

Azam ha sido notificado para retirar completamente la edificación en un plazo de seis meses, incluyendo dos construcciones adicionales ubicadas en el jardín. Consultado por medios locales, el empresario afirmó desconocer la decisión y se abstuvo de hacer comentarios. Los costes de demolición y restitución, que podrían superar los 100.000 euros, correrán por su cuenta, representando un revés económico y legal considerable.