La Eurocámara denuncia que Hungría ya no es una democracia plena, sino un “régimen híbrido de autocracia”

Según el Parlamento Europeo, Hungría ya no es una democracia. La Eurocámara decidió este jueves votar una resolución que no sólo denuncia la deriva autoritaria vivida en el país, un análisis que también  comparte la Comisión Europea, sino que da un paso más al calificar el sistema magiar como “un régimen híbrido de autocracia electoral”, en un texto que ha contado  con  el respaldo mayoritario de 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones. Aunque este dictamen tiene un valor puramente simbólico, supone una fuerte baza para presionar a otras instituciones a las que la Eurocámara acusa de haber mirado para otro lado y de haber fomentado, con sus lentas decisiones, esta situación.

Para saber si estas presiones surten efecto habrá que estar muy pendiente a los próximo pasos que dé el Ejecutivo comunitario. Se espera que dentro de unos días – puede que este mismo domingo- la Comisión Europea decida por primera vez utilizar el mecanismo sobre el respeto al Estado de Derecho que le permite congelar los fondos de aquellos países cuya deriva autoritaria  y casos de corrupción ponen en peligro la ejecución de las ayudas.

Este instrumento fue aprobado hace dos años – cuándo se negoció el nuevo fondo para hacer frente a los estragos económicos del coronavirus,- pero el Ejecutivo comunitario decidió esperar a dar este paso hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se hubiese pronunciado sobre la legalidad de esta nueva herramienta. Hasta el momento, la Comisión Europea se ha limitado a no dar luz verde al fondo específico post pandemia, convirtiendo a Hungría en el único país de los Veintisiete que no se está beneficiando de este auxilio europeo. A pesar de esto, el Ejecutivo comunitario tiene ahora en su poder la posibilidad de activar la congelación de otras partidas que incluyan, por ejemplo, los fondos agrícolas o los que reciben las regiones, aunque se espera que desde la activación del procedimiento hasta la retirada efectiva de los fondos comience un proceso de diálogo para evitar que la sangre llegue al rio.

En el año 2018, el Parlamento Europeo decidió activar el artículo 7, el conocido en los pasillos europeos como el botón nuclear. Un procedimiento que en su último estadio puede llegar a desencadenar la perdida del derecho de voto en el Consejo. A pesar de esto, la necesidad de alcanzar la unanimidad en esta última fase y el previsible apoyo de Polonia, país que se encuentra en la mismo situación, ha hecho que este procedimiento se encuentre en punto muerto. En el caso de Polonia, la Comisión Europea ha decidido dar un voto de confianza al país y desbloquear el fondo post- pandemia, al entender que su gobierno estaba dando pasos para hacer cambios en el sistema judicial. La guerra en Ucrania y el papel del país en la acogida de refugiados también ha conseguido una nueva sintonía entre Varsovia y Bruselas, aunque nadie cuánto puede durar este acercamiento.

En el caso de Hungría, la situación ha ido deteriorándose a marchas forzadas, sobre todo después de que Fidesz, el partido del primer ministro, Viktor Orban, decidiera abandonar antes de ser expulsado el paraguas del Partido Popular Europeo (PPE) tras haber puesto en marcha una campaña en contra del antiguo presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. Hasta ese momento, la delegación alemana del  PPE había protegido a Orban, al entender la membresía de su partido dentro de la formación conservadora le hacía más fácil de controlar.

Aunque durante el verano ha habido varios contactos para intentar encarrilar la situación, parece inevitable que el Ejecutivo comunitario decida activar el procedimiento de congelación de los fondos, tras las reiteradas presiones de la Eurocámara. Según la resolución aprobada, se pide a la Comisión Europea “que utilice plenamente los instrumentos disponibles para hacer frente al riesgo evidente de una violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión”.

Además, durante el pasado mes de julio, la Comisión Europea decidió denunciar a Budapest ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a la promulgación de una ley que Bruselas considera homófoba, ya que prohíbe hablar de homosexualidad e identidad de género en los colegios y también limita los contenidos audiovisuales a los que pueden acceder a los menores si se tratan este tipo de temas. Aunque el Ejecutivo de Orban niega que esta ley vaya en contra de los homosexuales, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, la ha calificado como una “vergüenza” y una “desgracia”. Aunque el país celebró un referéndum para conseguir el apoyo a este ley, la falta de quorum hizo que la consulta no fuera consideraba válida, si bien la normativa continúa en vigor.