Trabajo

Un tribunal británico decide que llamar "gilipollas" a tu jefe no justifica tu despido

Un juez de lo laboral dictamina que el insulto, aunque inapropiado, no constituye necesariamente una falta grave si se pronuncia en un momento de tensión

Imagen de las manos de un juez
El fallo subraya que la compañía no siguió su propio procedimiento disciplinario, invalidando así el despidoChatGPT

Un tribunal laboral del Reino Unido ha fallado que despedir a una empleada por llamar "gilipollas" (dickhead) a su jefe y a la directora de la empresa constituye un despido improcedente. La sentencia, emitida por la jueza Sonia Boyes, considera que aunque el insulto es "inapropiado y lamentable", no necesariamente equivale a una falta grave que justifique un despido inmediato, especialmente si se dice "en caliente".

El caso se originó en mayo de 2022 cuando Kerrie Herbert, empleada de la empresa de andamios Main Group Services, encontró documentos sobre el coste de su contratación en el escritorio de su jefe, Thomas Swannell. Alterada al creer que iba a ser despedida, Herbert estalló cuando Swannell criticó su rendimiento, lo que la llevó a proferir el insulto durante una discusión acalorada. Swannell la despidió en el acto, ordenándole que "recogiera sus cosas y se largara".

La importancia del procedimiento disciplinario y el contexto

La jueza Boyes determinó que la razón real del despido fue el comentario de Herbert y no su rendimiento, como alegó posteriormente la empresa. El fallo subraya que la compañía no siguió su propio procedimiento disciplinario, el cual estipulaba que el uso de lenguaje insultante requería una amonestación previa antes de proceder al despido. La sentencia afirma que, considerando el contexto, la conducta de Herbert no fue tan grave como para representar una ruptura total de su contrato.

Como resultado de la sentencia, la empresa Main Group Services ha sido condenada a pagar a Kerrie Herbert una indemnización de 15.042,81 libras (unos 17.000 euros) por despido improcedente, además de abonar más de 16.000 euros para cubrir sus costes legales. La jueza concluyó que la empresa no actuó de manera razonable en todas las circunstancias al tratar su conducta como motivo suficiente para el despido.