La violencia descontrolada del 1 de mayo provoca una tormenta política en Francia

La resaca de la violencia en las protestas del primero de mayo en Francia, que se saldó con más de 540 detenidos y 480 policías heridos, ha desembocado en una gran bronca política. Tanto el Gobierno como la derecha han responsabilizado al líder de la izquierdista Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, de "complicidad" por no haber condenado los actos violentos contra las fuerzas del orden. "Está entre la ambigüedad y la complicidad" ha declarado el ministro del Interior, Gérald Darmanin, sobre la postura de Mélenchon quien, precisamente, hace responsable "al 100%" al propio Darmanin. Tanto Los Republicanos como la ultraderecha de Le Pen también se han unido a poner a Mélenchon en el centro de la diana acusándolo de incitar a los violentos. En uno de sus habituales polémicos tuits, Mélenchon apelaba este martes a los policías para que "no se fiaran de un jefe tan lamentable". Lo cierto es que las críticas a Interior no sólo han partido del líder izquierdista sino que varios analistas han cuestionado la mala previsión hecha en el dispositivo cuando los servicios de inteligencia ya habían anunciado los días previos una cifra importante de individuos de grupos radicales que podrían infiltrarse en varias de las manifestaciones del primero de mayo en Francia. Una presencia que habría sido infravalorada por Interior como punto de partida de esta tormenta política. "Hubo un nivel de violencia en la parte delantera de la marcha excesivo" que "ha sobrepasado la violencia constatada en las anteriores doce jornadas de movilización", ha declarado el prefecto de la policía de París, Laurent Nuñez, en la emisora France Info. El titular de Interior ha señalado que tres agentes de la policía están en una situación "extremadamente difícil" aunque sus vidas no corren peligro. Un policía fue hospitalizado con la cara quemada a causa de un cóctel molotov. Todo esta deriva de violencia ha llevado a Darmanin a pedir que se endurezcan las sanciones penales contra quienes ataquen a policías y gendarmes.

Al igual que la clase política, los sindicatos también han hecho su propio balance del 1 de mayo. La reunión de este martes de la intersindical tenía por objetivo examinar las cifras y tomar decisiones sobre el futuro del movimiento social. La lectura del número de movilizados es agridulce. De puertas para fuera, los sindicatos subrayan el hecho de que este primero de mayo ha arrastrado a mucha más gente que en años anteriores. Pero de puertas para dentro, a nadie se le escapa que los sindicatos esperaban más. Para muchos, era una especie de último cartucho con la reforma aprobada y ya promulgada. 780.000 personas salieron a las calles de Francia según Interior, cifra que los sindicatos elevan con optimismo por encima de los dos millones. Fue masiva pero no tanto como esperaban y además, el pico de violencia supuso un nubarrón que puede jugar en contra. Con todo ello sobre la mesa, la intersindical ha cambiado su estrategia convocando la próxima jornada de movilización el 6 de junio, es decir, dentro de más de un mes. O dicho de otra forma, nunca existió en el calendario de protestas un periodo de más de dos semanas sin convocatoria. Mayo será un respiro, al menos en lo que a los sindicatos se refiere, que han preferido poner toda su artillería el próximo 6 de junio, con el objetivo de hacer presión sobre los diputados de la Asamblea Nacional que el 8 de junio deberán pronunciarse sobre un proyecto de ley presentado por el pequeño grupo centrista Liot para revocar la reforma. La intersindical también tiene en cuenta el efecto fatiga en el que puede caer el movimiento. Las protestas tan seguidas por la reforma de las pensiones pueden erosionar los ánimos y para muchos trabajadores los descuentos salariales por tantos días de huelga son un precio que en tiempos de inflación es casi imposible pagar.

Veredicto sobre el referéndum

Hay otra vía que podría tumbar la reforma pero es sumamente remota. Hoy el Consejo Constitucional debe pronunciarse sobre si acepta la propuesta para poder recoger firmas de cara a convocar un referéndum para fijar la jubilación a los 62 años y no a los 64. Una primera solicitud ya fue rechazada, pero la segunda –planteada por los senadores socialistas, comunistas y ecologistas– tiene una formulación jurídica diferente. A ello se agarran los pocos que tienen esperanza en que se acepte. Si esto pasara, arrancaría una campaña para recoger 4,8 millones de firmas en nueve meses.

A pesar de que a los sindicatos les costará mucho mantener viva la lucha en las próximas semanas, Macron no puede sentirse aliviado. Al menos de momento. El malestar social está ahí latente, las acciones de protesta puntuales continuarán y, sobre todo, persiste el bloqueo político debido a la ausencia de una mayoría macronista en la Asamblea Nacional.