Exclusiva LA RAZÓN: Assange, enemigo de la Primera Enmienda

Imágenes filtradas a LA RAZÓN que muestran el caótico aspecto de las estancias de Assange en la Embajada de Ecuador.

El programador y activista Julian Assange podría ser condenado a pasar 175 años entre rejas si Estados Unidos consigue su extradición. El cofundador de Wikileaks se enfrenta a 17 nuevas acusaciones presentadas por el Departamento de Estado esta semana, entre ellas por espionaje. Estos nuevos cargos han provocado una ola de críticas en el país, trasladando al debate nacional el caso Assange y alcanzando una nueva dimensión legal, cuyas consecuencias podrían extenderse al conjunto de la Prensa y la libertad de expresión.

Y es que Assange se enfrenta ahora a la extradición solicitada por EE UU a Reino Unido, donde se encuentra detenido desde el 11 de abril por un supuesto delito de conspiración al infiltrarse en ordenadores gubernamentales y acceder a información clasificada por parte de la analista del Pentágono Chelsea Manning quien, que fue indultada por el ex presidente Barack Obama en 2017, aunque ingresó de nuevo en prisión por negarse a declarar contra el activista australiano.

De hecho, aunque el propio Obama fue muy crítico en su día con Assange, rechazó presentar acusaciones por espionaje contra él para evitar una escalada de tensión y enfrentarse al peligroso e incierto escenario de la libertad de prensa en EE UU, protagonista absoluta de la Primera Enmienda de la Constitución. La Administración Trump, sin embargo, que no esconde su rechazo diario hacia quien el presidente califica como «enemigo del pueblo», en referencia a la Prensa, podría sentar precedentes. «Es sorprendente que el Gobierno haya prohibido actuar contra la Prensa en recientes casos relacionados con filtraciones de material de inteligencia, pero presenta un caso para criminalizar las revelaciones en éste», destaca Gabe Rottman, director del Proyecto de Tecnología y Libertad de Prensa en el Comité de Reporteros.

El «caso Assange» no tiene precedentes en EE UU. Ni el de los «papeles del Pentágono» en los años 70, ni varios intentos de detener la publicación de reportajes, como la de un reportero de guerra de «The Chicago Tribune» en 1942 por una historia que funcionarios temían podrían alterar a los japoneses fueron investigados por violaciones de la Ley de Espionaje. En aquellos procesos anteriores, donde el Gobierno consideró una acción para castigar la publicación de secretos, la Fiscalía no procedió en última instancia. Y no lo hicieron, según los expertos, por las preocupaciones en torno a la Primera Enmienda. Sin embargo, «la acusación de Assange representa la primera vez que un gran jurado ha emitido una acusación basada en una teoría de publicación pura. Esto va más allá de una simple amenaza para las fuentes o la recopilación de noticias. Es una amenaza directa a los reportajes de noticias», asegura Rottman. Considerada por el Departamento de Justicia como una de las mayores filtraciones en la historia de EE UU, Manning facilitó al cofundador de Wikileaks más de 700.000 documentos clasificados, entre ellos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán. La publicación de dicho material es un componente propio del periodismo en EE UU. «No importa si Assange es o no periodista, siempre y cuando quien reciba la información no rompa la ley al hacerlo, recibir y publicar información clasificada para el interés general está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución», indica Rottman en una entrevista para LA RAZÓN.