El Gobierno polaco apuntó este lunes a su "vecino oriental" como posible responsable del sabotaje ferroviario de este fin de semana y aseguró que la probabilidad de que se haya producido por orden de servicios secretos extranjeros es "muy alta".

En una rueda de prensa en Varsovia, el ministro polaco de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, relacionó los incidentes con ataques "dirigidos a los países que apoyan a Ucrania frente a la agresión de Rusia".

El ministro explicó que Polonia se enfrenta a actos de sabotaje ejecutados "por encargo de servicios extranjeros" desde enero de 2024 y recordó que hasta ahora se ha detenido a 55 personas por planear o ejecutar sabotajes, al menos algunos de ellos siguiendo instrucciones de Moscú.

Por su parte, el ministro de Justicia y Fiscal General del Estado, Waldemar Żurek, calificó los sabotajes como parte de la "guerra híbrida" entre Polonia y su "su vecino oriental", es decir, Rusia.

En las últimas horas, las autoridades polacas han confirmado la detonación de un artefacto explosivo activado por cable que dañó las vías de la ruta Varsovia-Lublin cerca la localidad de Mika (este), a altas horas de la noche del sábado.

Además, el domingo por la mañana, se detectó un "socavón" que había desviado los raíles en otro punto de ese tendido, a lo que se unió el hallazgo de varios desperfectos que afectaron al sistema de alimentación eléctrica en un tramo de 60 metros, donde también se encontraron herramientas supuestamente utilizadas para perpetrar los sabotajes.

La explosión del artefacto fue confirmada esta mañana por el primer ministro, Donald Tusk, mientras que el resto de la información fue expuesta en la rueda de prensa por el ministro Siemoniak.

El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, aseguró en la misma comparecencia que se han recabado "pruebas sustanciales" que incluyen grabaciones de cámaras de seguridad en el lugar de los hechos, que permitirían identificar rápidamente a los perpetradores.

La Fiscalía Nacional ha designado a un equipo especial de fiscales que examinan las pruebas sobre el terreno con la colaboración de la Agencia de Seguridad Interior (ABW).

Żurek advirtió de que la Fiscalía "perseguirá implacablemente a los culpables de estos actos" y que "no habrá lugar en el mundo donde puedan esconderse", al tiempo que recordó que las penas por provocar una catástrofe en el transporte público va desde diez años de prisión hasta la cadena perpetua.