Starmer anuncia una reforma radical para solicitantes de asilo ante el auge del populismo

El premier Keir Starmer gobierna con la mayoría absoluta más holgada en una generación, pero esa fuerza parlamentaria parece cada día más inútil frente al ascenso imparable del populismo de derecha radical. El líder laborista, que prometió devolver la moderación al debate público tras catorce años de turbulencias conservadoras, se encuentra ahora atrapado en una paradoja: cuanto más se esfuerza en diferenciarse de Nigel Farage -responsable del Brexit y protagonista absoluto ahora en las encuestas- más termina imitándole. El nuevo plan migratorio anunciado ayer por el Gobierno es quizá el mayor ejemplo hasta la fecha del giro que está experimentando Downing Street, donde el inquilino, quien lleva poco más de un año de mandato, ha perdido por completo el control de la narrativa.

La primera medida que Satrmer -en su día abogado de derechos humanos- anunció tras su aplastante victoria electoral en 2024 fue la cancelación del controvertido plan del anterior Gobierno conservador para mandar a Ruanda a los solicitantes de asilo. Y sin embargo ahora apuesta por un programa mucho más radical inspirado en el hostil sistema migratorio de Dinamarca, uno de los más estrictos de Europa. Siguiendo además la estela de Donald Trump, el Reino Unido también prohibirá la entrada de los ciudadanos de aquellos países que se nieguen a readmitir a inmigrantes irregulares. Y a fin de evitar que los tribunales se interpongan en su camino, habrá una reforma para reinterpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

La reforma radical fue presentada ayer en la Cámara de los Comunes por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, hija de pakistaníes, quien describió el sistema de asilo como “insostenible, obsoleto y excesivamente generoso” y aseguró que la inmigración irregular “está desgarrando el país”. Con los nuevos planes, el estatus de asilo será temporal, renovable cada dos años y medio, lo que permitiría revocarlo en cuanto el país de origen se considere seguro. La residencia permanente, que hoy puede obtenerse a los cinco años, pasará a requerir veinte.

Además, los solicitantes de asilo solo podrán presentar una apelación. Si esta es rechazada, se procederá directamente a la deportación. Y en caso de haber cometido delitos en el Reino Unido, ya no podrán alegar que las condiciones carcelarias o sanitarias de su país suponen un trato inhumano, debilitando así la protección tradicional del artículo 3 del CEDH. El Gobierno también redefinirá qué se considera familia a efectos del artículo 8, restringiéndolo a vínculos directos —padres e hijos— para frenar el uso de este argumento en los tribunales.

El discurso de Mahmood buscó anticiparse a las críticas. Negó haber creado un “entorno hostil” y defendió que el paquete es una respuesta “ética y necesaria” para recuperar la confianza pública. Aseguró, además, que el Gobierno aumentará las rutas seguras y legales para refugiados, intentando equilibrar el giro de timón con un mensaje de responsabilidad humanitaria.

Sin embargo, el trasfondo político pesa más que la letra técnica. Nadie en Westminster duda de que Farage está marcando la agenda. Su partido, Reform UK, que solo tiene cuatro escaños, ha convertido la salida del CEDH en una de sus promesas centrales y presiona para que la cuestión migratoria sea el eje de las próximas elecciones de 2029. La sombra del Brexit —un referéndum convocado por el pánico conservador al avance del propio Farage— es un recordatorio permanente de lo que puede suceder cuando los mecanismos institucionales fallan frente a discursos simplificados, pero emocionalmente potentes.

Dentro del Partido Laborista, las alarmas han comenzado a sonar. Diputados del ala izquierda acusan a Starmer de traicionar los valores progresistas y de adoptar políticas “indignas de un gobierno laborista”. Organizaciones de derechos humanos y juristas han advertido que la reinterpretación de los artículos 3 y 8 del CEDH equivale a desmantelar pilares básicos del sistema legal británico, poniendo en riesgo la protección de todos los ciudadanos, no solo de los solicitantes de asilo.

Los precedentes tampoco son alentadores. Dinamarca, el modelo que inspira las reformas, introdujo su régimen de permisos temporales en 2016, pero su eficacia real es cuestionable: de 30.000 sirios con protección, apenas un puñado ha visto revocado su estatus, y muchos de los que sí lo han perdido viven ahora en un limbo legal sin poder trabajar ni ser deportados. Informes independientes describen el sistema danés como “jurídicamente incierto y prácticamente ineficaz”.

Aun así, Downing Street confía en que las nuevas medidas permitan acelerar deportaciones y reducir el volumen de solicitudes. Desde 2021, más de 400.000 personas han pedido asilo en el Reino Unido, una cifra que triplica la de la década anterior. Las pequeñas embarcaciones concentran la atención mediática, pero representan el 39 % de los casos; otro 37 % llega legalmente con visado y solicita protección una vez en territorio británico.

El Gobierno está convencido de que, si no actúa con rapidez, Farage seguirá monopolizando la narrativa. Y es precisamente esa presión lo que muchos consideran el mayor peligro: un Ejecutivo con mayoría absoluta legislando con el miedo más que con la calma que prometió aportar. Starmer, el abogado meticuloso que prometió devolver la estabilidad, se encuentra ahora arrastrado por la misma corriente populista que pretendía frenar.

El Reino Unido entra así en una nueva fase del debate migratorio: más dura, más emocional y más expuesta a decisiones que podrían redefinir la relación del país con Europa y con sus propios principios fundacionales.