Luisa González, líder de la oposición de Ecuador: «Las políticas de Daniel Noboa no están dando resultados»

Luisa Magdalena González Alcívar (Quito, 1977) acarició el pasado octubre la presidencia de Ecuador. Ganó en primera vuelta, pero en el balotaje se abrió una brecha de cinco puntos de distancia con el joven empresario Daniel Noboa, el presidente que declaró el conflicto armado interno para combatir el crimen organizado 47 días después de tomar posesión del cargo. La candidata del correísmo encabeza la oposición y lleva los mandos de la maquinaria electoral mejor engrasada del país andino, la Revolución Ciudadana, una formación que cabalga a lomos de la personalidad desbordante, y de tintes autoritarios, del expresidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica por sus problemas con la Justicia. González recibió a LA RAZÓN a finales de marzo a su paso por Madrid en uno de los momentos más críticos para Ecuador de las últimas décadas.

¿Por qué Ecuador, que era un modelo en materia de seguridad para la región, ha acabado sumido en la espiral de violencia?

A partir de 2017, cuando asume la Presidencia Lenín Moreno y se distancia de las políticas de la Revolución Ciudadana (RC), empieza el desmantelamiento del Estado, y ante un Estado ausente la delincuencia se hizo más presente. Moreno elimina ministerios, presupuestos y empieza a desarticular todo el sistema de seguridad interna del país. Lo primero que hace es eliminar el Ministerio Coordinador de Seguridad y convertirlo en una Secretaría que no tiene incidencia. Y vemos cómo perdemos el control de las cárceles, que pasa a manos de las bandas delictivas. Todo se desarticula y se desarma. Se cambian autoridades de forma ilegal y se rompe el Estado de Derecho. Y eso viene a partir de la consulta que hizo Lenín Moreno en 2018, donde se cambia Fiscalía, Consejo de la Judicatura y algo que no se podía tocar: la Corte Constitucional. Ahí están los datos: nosotros dejamos el Ecuador con cinco muertes violentas por cada 100.000 habitantes; hoy superamos las 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Quitaron cerca de 3.000 millones de dólares del presupuesto a todo lo que es seguridad. El resultado es que hoy la función judicial no tiene papel para imprimir los documentos que ellos mismos elaboran, y la Policía Nacional —responsable de la seguridad interna del Estado—no tiene suficientes vehículos, motos, chalecos antibalas, equipos de comunicación. Una queja constante de la fuerza pública es que los envían desarmados a las calles a combatir la delincuencia. Tampoco vemos que haya una resolución de casos que te dé garantías en el sistema judicial. De las denuncias que se presentan, apenas un 8 % son atendidas.

Sus críticos sitúan el inicio de la crisis en el proceso de pacificación impulsado por el expresidente Rafael Correa en 2008.

En Ecuador nos atribuyen prácticamente hasta los hechos de 1830. Desde que se fundó la República algo es, o deja de ser, culpa de la Revolución Ciudadana.

Pero ¿es o no cierto que la mayor parte de los miembros de estas bandas pasaron a los programas de reinserción social y después algunos se sumaron a las bancadas legislativas, incluida la suya, la bancada de la Revolución Ciudadana, en ese momento bajo las siglas de Alianza PAIS?

Eso es totalmente falso. Una cosa son los grupos delictivos organizados y otra, las pandillas. Nosotros desarticulamos cerca de 4.000 bandas delictivas y capturamos a las cabezas de las bandas delictivas. Desde que dejamos el Gobierno hasta el día de hoy, no ha habido ningún líder de una banda delictiva capturado, pero sí liberado. En el Gobierno de Lenín Moreno quedaron libres, y en el de Guillermo Lasso las prisiones ya las manejaban los grupos delictivos. Dentro de las cárceles los presos están más armados que la Policía, y por eso se han dado los amotinamientos con enfrentamientos armados, decapitaciones y descuartizamientos. Esto no pasaba con el Gobierno de la Revolución Ciudadana porque había un verdadero control. Ahora, atribuirle esto a la Revolución Ciudadana porque pacificó a las pandillas, no a los grupos delictivos organizados...

Habrá quien diga que había conexiones entre esas pandillas y los grupos delictivos de crimen organizado.

Puede ser que la gente lo diga, pero es falso. Recibimos la felicitación de las Naciones Unidas por ese proceso de pacificación. Pero más allá de eso, Ecuador era el segundo país más seguro de Latinoamérica con los líderes de las bandas delictivas presos y con paz en las calles. Lo que se hace con estas pandillas, que eran jóvenes golpeándose entre ellos, fue reinsertarlos en la sociedad. Pero si ese fue un error: ¿por qué no lo corrigieron Lenín Moreno y Guillermo Lasso? En el Gobierno de Lasso tienes una investigación del caso llamado León de Troya, donde se concluye que el círculo cercano al presidente Lasso está vinculado con la mafia albanesa. Durante el Gobierno de Lasso, [Adolfo Macías, alias] Fito [el líder de Los Choneros, la banda criminal más influyente del país] grabó un vídeo de una canción desde la cárcel. ¿Quién permitió eso? Si vamos a hablar de quién permitió la delincuencia en el país, podemos hablar de Lasso. Ante todo esto, la fiscal general Diana Salazar no expresó una palabra. No hizo una investigación precisa, clara, y no siguió el proceso legal que debería de haber seguido contra el presidente de la República, de sus familiares y allegados.

El asalto al plató de TC Televisión se interpretó como un punto de inflexión. ¿Qué pretendían las bandas con esa demostración de fuerza frente al Estado?

Lo que pasó en el plató de TC Televisión ha dejado muchas dudas. Parece un montaje. [Los asaltantes] eran jovencitos, bastante inexpertos como para haber sido algo bien planificado. En realidad, analizando la línea de tiempo, parece que se crearon las condiciones para declarar el estado de excepción, el conflicto armado interno y tomar decisiones económicas más contundentes como el aumento del IVA al 15 %. En un primer momento, se dice que la subida del IVA es para poder financiar la seguridad interna, pero cuando lo aprueban resulta que obedece a peticiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sostiene que el asalto a TC Televisión fue inducido.

Deja muchas dudas.

Esos días se produjeron asaltos y motines en las cárceles, con decenas de muertos y heridos. ¿Considera que eso también fue una suerte de complot?

Sí. Me deja muchas dudas, porque finalmente lo que hace el Gobierno ante esta situación de caos interno es aumentar tres puntos el IVA para poder financiar la seguridad interna. Lo hace sin un análisis técnico, sin que se haya analizado cuánto te va a costar financiar la seguridad. Pero ese dinero no irá a seguridad, obedece realmente a condiciones del FMI para entregar nuevamente un crédito al Ecuador. Crédito para tapar crédito. En el país no ha bajado el número de muertes ni el número de secuestros.

Los datos oficiales nos dicen que sí, que ha descendido un 60 % el número de asesinatos.

El Gobierno dice que ha bajado un 60 % el número de asesinatos y que ha creado 60.000 nuevos empleos para los jóvenes, pero ni los jóvenes encuentran empleo ni nosotros nos sentimos seguros en las calles. Puedo decir, y asumir la responsabilidad de lo que digo, que es absolutamente falso. Todos los días nos levantamos con una noticia de gente asesinada, secuestrada o extorsionada. Por eso se mantienen también los niveles de migración. La gente sigue saliendo del país porque no hay empleo ni seguridad.

¿Hasta qué punto la crisis ecuatoriana es una problemática a escala regional?

Sí, es el efecto cucaracha. Cuando el crimen internacional encuentra un país con demasiadas medidas de seguridad, un Estado y unas fuerzas públicas organizadas, buscan otro sitio que le brinde las condiciones para poder cumplir su negocio. Hablamos de una industria del crimen y de la droga que se basa en rendimientos económicos. Pero encontraron un Ecuador desarmado, desarticulado, con un Estado ausente y fácilmente corrompible. Y allí se metieron.

¿Comparte las medidas de Noboa para combatir la inseguridad o apostaría por un modelo distinto?

Hemos apoyado al presidente Noboa en sus políticas para intentar dar seguridad a los ecuatorianos y mejorar la economía, pero hemos visto que no dan resultado. Hay una ausencia total de planificación. Primero se debe equipar a la fuerza pública, y no se ha dado ningún paso para hacerlo. No puedes decir que has logrado combatir a la delincuencia cuando tus policías no tienen ni vehículos, ni armas, ni chalecos antibalas. A la par, hay que depurar a la fuerza pública. Y para eso hay procedimientos, como la unidad de análisis financiero y lavado de activos; como investigar a los policías, a sus círculos cercanos, a ver quién está teniendo un ingreso anormal de recursos; como los sistemas de polígrafos y las pruebas de confianza, etc. Lo siguiente que se tiene que hacer es el trabajo coordinado con Colombia, reactivar la COMBIFRON (Comisión Binacional de Fronteras) y recuperar el control de las zonas fronterizas. Todos sabemos por dónde ingresa la droga, lo hace por el [cantón] Putumayu. Y después: militarizar los puertos y aeropuertos.

Pero ustedes han aprobado hasta la fecha todas las medidas legislativas del Gobierno en la Asamblea Nacional. Podemos decir que Noboa ha venido gobernando sin oposición. ¿Hasta cuándo va a durar esa tregua?

Como dije el día que ganó las elecciones, iba a encontrar nuestro apoyo para sacar adelante el país, porque nuestra prioridad por encima del tema político es el Ecuador es que paren las muertes y la migración, que crezca el empleo y mejore la salud y la educación de los ecuatorianos, y que encuentren oportunidades dentro y no fuera. Pero no hay rumbo.

El presidente Noboa habla del Plan Fénix.

No existe. Nadie lo conoce. No estamos hablando de conocer los detalles, que tienen que ser reservados, sino por lo menos saber hacia dónde va, qué está haciendo y en qué plazos. A la par hay que generar condiciones dignas de vida, empleo, salud y educación. Mientras no trabajes en las áreas sociales tampoco vas a lograr bajar la delincuencia. No vemos una orientación de país, vemos un presidente que está más empeñado en mantenerse en el cargo y en el poder con popularidad que miente en cifras. Mientras no veamos, por lo menos, una orientación o una mínima planificación de Estado, no vamos a poder seguir apoyando a este Gobierno. Ya no lo apoyamos en la creación del aumento del impuesto al IVA porque es una medida regresiva. Las últimas medidas no han sido apoyadas por la Revolución Ciudadana.

¿Y el referéndum? Los ecuatorianos irán a las urnas el 21 de abril para pronunciarse sobre una serie de medidas de seguridad.

La consulta popular tampoco la apoyamos, porque las preguntas que se están haciendo allí podrían ser resueltas de forma mucho más rápida a través de la Asamblea Nacional. Pero el presidente no quiere hacerlo a través de la Asamblea, sino gastar 62 millones de dólares de los ecuatorianos en una consulta inútil.

La Fiscalía lanzó en diciembre un operativo con 900 funcionarios desplegados simultáneamente en cinco provincias de Ecuador. Se detuvo a varias decenas de personas, entre ellos jueces, fiscales, secretarios, policías, guías penitenciarios y abogados vinculados a las actividades del narcotráfico. Era la génesis del caso Metástasis que impulsa la fiscal general Diana Salazar y que salpica a varios miembros de su partido. ¿Por eso se han mostrado críticos con la fiscal?

¿A qué miembros de nuestro partido ha salpicado el caso Metástasis?

Al exvicepresidente Jorge Glass, al asambleísta Ronny Aleaga…

Nosotros nos mostramos siempre coherentes con la lucha verdadera contra la delincuencia.

¿Y esto no lo es?

El caso Metástasis comienza cuando a la fiscal se le presenta el pedido de juicio político [para destituir a la fiscal Diana Salazar]. La señora Salazar habló con gente cercana a la Revolución Ciudadana para pedir que no se le presentara el pedido de juicio político. Amenazó a los miembros de la Revolución Ciudadana diciendo que, si se hacía, iba a ir contra Jorge Glas y otros miembros de mi partido. Pero nosotros no nos dejamos amedrentar y lo presentamos. Y ella [Salazar] cumple con su amenaza. Empieza a perseguir a Jorge Glas, y pide que lo ubiquen y que lo detengan. Lo siguiente que pasa aquí es que es supuestamente esto empieza por los chats del líder de una banda delictiva, que es Leandro Norero. Ella tenía ya el celular de Norero más de un año atrás.

Es entonces cuando inicia la investigación.

Nunca publicó los chats, nunca sacó la información. Pero, además, dentro de todo este proceso, ¿qué líder de banda delictiva ha caído? Ninguno.

Se está procesando ahora a operadores judiciales y funcionarios del Estado que presuntamente colaboraban con las bandas.

Dentro del proceso detienen al presidente del Consejo de la Judicatura, porque se estaba llevando adelante un proceso de nombramiento de jueces, porque perdía el control ella de qué jueces iban a ser nombrados. Apresan al presidente del Consejo de la Judicatura y dejan libre a quien fue director de la SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores), cuando era el responsable y estaba implicado en el caso. ¿Cómo es eso posible? El caso es más político que técnico. Por eso lo criticamos, porque no vemos una verdadera articulación para combatir la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado, sino un manejo político. Y ojo, dentro de esos mismos chats se refieren a Diana Salazar y a vínculos con su segundo de a bordo, que es el señor Toainga. Además, los líderes de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, por ejemplo, no están implicados en absolutamente nada. El primer caso más grave que tiene el Ecuador en cuanto a vínculos con el narcotráfico, con bandas delictivas, con corrupción, es el caso León de Troya, en el que está implicado Guillermo Lasso. Y la fiscal en ese caso ha guardado silencio. Hay un sesgo mediático y político.

Participó en las primeras elecciones en las que fue asesinado uno de los candidatos, Fernando Villavicencio. ¿Qué relación tenía usted con él? Dijo hace unos meses que era un «extorsionador».

El señor Villavicencio tiene una investigación abierta de su familia por lavado de activos. La fiscal Salazar, íntima amiga de Villavicencio, jamás le ha dado seguimiento a esa investigación, no la ha movido, no la han investigado. Ahí tienes un primer elemento de quién era Fernando Villavicencio. En los mismos chats del caso Metástasis aparece cómo Villavicencio extorsiona a [el narcotraficante Leandro] Norero, pidiéndole dinero para no seguir hablando de él afuera. Y hay varios casos en los que Villavicencio chantajeó a empresas y a gente para no sacar casos a través de su papel fiscalizador como asambleísta o como supuesto periodista.

Denunció haber recibido amenazas de muerte durante la campaña. ¿Teme ahora por su seguridad? [Días después de la entrevista fue asesinada a tiros junto a su pareja Brigitte García, alcaldesa del municipio costero de San Vicente y militante de la Revolución Ciudadana].

Sí, pero es una lucha que hay que dar. La última amenaza que recibí fue cuando iba a cumplir actividades políticas en la provincia de Esmeraldas. Me escribieron a mi celular y al celular de la persona que me acompañaba para decirme que no fuéramos, porque nos iban a matar. Lo hice público, lo puse en mis redes, y gracias a Dios no pasó nada. Corrí el riesgo y fui. Ecuador es eso. Lamentablemente se ha convertido en un país donde hacer política es una actividad sumamente riesgosa, pero si no lo hacemos, si no participamos, no podemos cambiar las condiciones del país. Y todos estamos en riesgo.

¿Será candidata en 2025?

Ahora mismo soy presidenta de la Revolución Ciudadana, y estoy trabajando como presidenta de mi partido político. Tenemos muchísimos cuadros. Una de las muchas diferencias de la Revolución Ciudadana con los demás partidos y movimientos políticos es que nosotros no somos un partido de alquiler, nosotros tenemos cuadros al interior formados, capacitados. Y hay muchísimos compañeros que pueden ser candidatos al binomio, y eso habrá que verlo en una democracia interna.