El pasado año Irán ejecutó al menos 975 personas, la cifra más alta desde 2015, incluyendo disidentes políticos y personas ligadas a las protestas iniciadas en septiembre de 2022 por la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, denunció este miércoles un informe de Naciones Unidas.

Presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el documento también señaló que más de la mitad de las ejecuciones el pasado año estuvieron relacionadas con delitos ligados al narcotráfico, y al menos cuatro de ellas se llevaron a cabo en público.

"Al menos 31 mujeres fueron ejecutadas en 2024, frente a las 22 del año anterior, así como 108 prisioneros de la minoría baluchi y 84 de la kurda", detalló al presentar el informe la alta comisionada adjunta de la ONU para derechos humanos, Nada Al Nashif.

La "número dos" de la oficina de Naciones Unidas también denunció el uso de la amputación como castigo corporal, a menudo contra personas de colectivos marginados y empobrecidos, y el recurso frecuente a la tortura en juicios que en muchos casos no cumplen el debido proceso o donde el acusado no tiene acceso a abogados.

El informe, que cubre especialmente el periodo comprendido entre agosto de 2024 y enero de 2025, también denunció cómo continúan las severas restricciones en el espacio cívico y la libertad de expresión, con al menos 125 periodistas procesados o apercibidos por sus informaciones.

"Muchas mujeres defensoras de los derechos humanos siguen en prisión, mientras abogados, activistas y familias de participantes en protestas son víctimas de intimidación, coerción y represión", denunció Al Nashif.

El documento destacó además un fuerte aumento de los femicidios (con 179 casos denunciados en 2024, frente a 55 en 2023) y la amenaza que suponen para mujeres y niñas legislaciones como la Ley de Castidad e Hiyab, aunque su aplicación ha sido por ahora suspendida por las autoridades del régimen islámico.

El informe fue presentado ante el Consejo en un contexto complicado para Irán, por los actuales ataques que Israel está llevando a cabo en Teherán y diversas zonas del país contra instalaciones ligadas al programa nuclear iraní y otros intereses. "Preocupa enormemente que algunos de estos ataques estén siendo perpetrados en áreas pobladas, donde se han reportado víctimas civiles", destacó la alta comisionada adjunta, quien reiteró el llamamiento de la ONU a que las partes en conflicto respeten el derecho internacional en materia de protección a la población.