Abren juicio oral contra el ex calcalde de Castril por prevaricar con unas ayudas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar (Granada) ha acordado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (PSOE), acusado de prevaricar por incluir indebidamente a una familiar en los beneficiarios de un programa para infraviviendas.

A través del auto judicial, al que hoy ha tenido acceso Efe, el juzgado requiere además al acusado para que preste fianza en la cantidad de 48.158 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se le pudieran imponer.

La Fiscalía solicita, en sus conclusiones provisionales, ocho años de inhabilitación para López Ródenas y explica en su escrito que los hechos se remontan al mes de mayo de 2008 cuando una prima hermana del acusado, entonces alcalde de Castril, solicitó ser beneficiaria de un plan de ayudas de la Junta destinado a rehabilitar infraviviendas.

Esta línea de ayudas se enmarcó en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 de la Junta y concedió a la prima del exalcalde una subvención de 36.119 euros para beneficiar a un tío suyo, señala el escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso Efe.

López Ródenas firmó con la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes un acuerdo para redactar los proyectos de mejora de una veintena de viviendas, que dejó vacantes, por lo que se abrió una segunda ronda en la que entró la familiar del procesado.

La Fiscalía ha considerado que el exalcalde concedió la subvención pese a que no concurría "ninguno de los requisitos legalmente exigidos"para recibir el dinero público, un dato que según el Ministerio Público conocía el exalcalde socialista.

El pleno municipal aprobó en junio de 2008 la lista propuesta por el alcalde con las viviendas beneficiarias de esta ayuda pública y en la que figuraba una "propiedad de sus tíos", que emplearon el dinero recibido en rehabilitar la casa.

La Fiscalía ha considerado los hechos constitutivos de un delito de prevaricación y ha pedido una condena para el exalcalde de ocho años de inhabilitación para cargo público.

La acusación particular ejercida por Miguel Ortiz, de una plataforma de la localidad, presentó escrito de acusación contra López Ródenas por un delito de prevaricación y solicitó inhabilitación especial para empleo o cargo público por nueve años.

La acusación particular del Ayuntamiento de Castril pide por su parte, también por un delito de prevaricación, la pena de inhabilitación especial de 8 años y medio.

El Juzgado de Huéscar, en atención a la pena señalada para el delito principal perseguido, ha declarado como órgano competente para el conocimiento y enjuiciamiento de la causa al Juzgado de lo Penal que corresponda por turno.