Andalucía lidera el fraude a la Seguridad Social con 210 millones

La última reforma laboral, aprobada por el Gobierno en 2012, ha tenido un impacto muy negativo sobre los derechos de los trabajadores. Es la conclusión a la que han llegado los inspectores de trabajo públicos cumplidos cuatro años de su entrada en vigor.

La última reforma laboral, aprobada por el Gobierno en 2012, ha tenido un impacto muy negativo sobre los derechos de los trabajadores. Es la conclusión a la que han llegado los inspectores de trabajo públicos cumplidos cuatro años de su entrada en vigor. «La reforma laboral está trayendo miseria. Es la negación del diálogo social, un disparate», asegura Fermín Yébenes, inspector en Sevilla y presidente del sindicato Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT). Yébenes alerta de que la mala interpretación de la ley ha provocado que «hasta los sindicatos crean que vale todo» e incluso denuncia que algunos de sus compañeros están permitiendo que se minen los derechos de los trabajadores no actuando con contundencia.

Los sucesivos informes anuales de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) editados por el Ministerio de Empleo corroboran las sensaciones que los funcionarios palpan en su día a día. Andalucía lidera además el ránking de fraude a la Seguridad Social, con 210 millones, según el balance de 2015 –incluye la liquidación por cuotas no satisfechas o por trabajadores sin contrato detectados– . Cataluña (167 millones) y Madrid (131 millones) copan el podio.

La comunidad es también la que impuso un mayor importe de multas: 61,4 millones. Le siguen la Comunidad Valenciana (39,8 millones) y Madrid y Cataluña, con algo más de 38 millones cada una. Pese a que los inspectores andaluces realizaron cien mil actuaciones más que la siguiente, es Madrid quien lidera los trabajadores afectados por irregularidades, con 160.000 frente a los casi 75.000 andaluces. En 2012, año de aprobación de la reforma, esa cifra fue muy inferior, con 58.000 trabajadores relacionados con infracciones por falta de cotización en la Seguridad Social, empleos irregulares o relacionadas con contratos fraudulentos.

De las 136.000 visitas y comprobaciones realizadas por los inspectores el año pasado, se derivaron expedientes liquidatorios por un importe de 210 millones de euros –197 millones en el ejercicio previo–. En 2013, 184 millones y otros 183 en 2012. Las multas sumaron 55 millones y casi 58.000 trabajadores afectados por infracciones en 2012; en 2013, fueron 63 millones y más de 49.000 empleados; en 2014, la cifra ascendió a casi 66.000 trabajadores afectados y 64,1 millones en multas. El balance del último ejercicio señala que se levantaron 13.400 actas de infracción, 5.325 relacionadas con irregularidades en las cotizaciones y las afiliaciones a la Seguridad Social. Las relacionadas con la economía irregular supusieron 33 millones en multas. La mayoría –17,8 millones– por trabajadores no dados de alta.

La prevención de riesgos ocupa también un lugar destacado en la labor inspectora: el año pasado se registraron 93 accidentes mortales frente a los 91 de 2012, rompiendo la tendencia a la baja de los años previos. Incluyendo los ocurridos «in itinere», se produjeron 76.561 accidentes en el trabajo; en 2012 fueron 65.469 sucesos. En los ocho primeros meses de este año, se han contabilizado 61.216 accidentes laborales con baja, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Un total de 63 trabajadores han muerto hasta agosto, trece de ellos en siniestros ocurridos en el trayecto de o hasta el centro de trabajo.

En cuanto a las contrataciones fraudulentas, el informe de 2015 recoge que rozaron las 10.300 y más de once mil contratos temporales se transformaron en indefinidos. En este punto, se ven afectadas las administraciones públicas, con decenas de pleitos judiciales abiertos por empleados que acumulan años encadenando contratos temporales. En opinión de Yébenes, constituiría un fraude de ley y deberían pasar a formar parte de la plantilla de manera estable hasta que se convoque y se cubra su plaza oficialmente.

La Administración, airosa

Respecto a la cesión ilegal de trabajadores, admite que es una práctica «que se ha dado en todas las administraciones y se está intentando corregir». Sin embargo, cuando se detectan casos se produce la paradoja de que se sanciona a la empresa cesionaria –la que paga al profesional– pero no a la Junta o al Estado, ya que el decreto 707/2002 sobre incumplimientos en prevención de riesgos señala que el inspector no puede sancionar, solo informar de la mala praxis a través de un requerimiento. A los falsos autónomos que trabajan en un organismo público, pero a todos los efectos son dependientes de éste, se les obliga a darse de alta y de nuevo la administración sale airosa. A raíz de la reforma laboral, la principal preocupación de UPIT es la práctica de articular convenios de empresa que se imponen al convenio colectivo rebajando ostensiblemente las condiciones y derechos de los trabajadores. En el despacho de Yébenes son habituales las denuncias de camareras de piso de hoteles subyugadas con sueldos de hasta 1,90 euros por habitación. «Si no trabajan, no cobran, por lo que no hay vacaciones ni días de descanso. Si se pusieran en huelga, el hotel tendría que cerrar», advierte, al suponer «un servicio básico. Constituye la actividad principal del hotel como concepto jurídico».

UPIT celebró recientemente unas jornadas en Sevilla para divulgar las consecuencias que las políticas de austeridad y la reforma laboral han tenido en las relaciones laborales. Yébenes anima en este sentido a los jueces a que sigan anulando expedientes de regulación de empleo (ERE), como ocurrió con el de Coca-Cola en Madrid, y anulando los convenios abusivos.