Comienza la presión para que Montero cumpla con la financiación andaluza

Pedro Sánchez «ficha» al ex consejero que se enfrentó en primarias con Díaz por la presidencia de la Junta

La que será nueva ministra de Hacienda no ha tenido ni 24 horas de cortesía por parte de la oposición. Ayer por la mañana, antes incluso de que Pedro Sánchez le comunicara el nombramiento al Rey de su Ejecutivo los partidos andaluces le ponían deberes a María Jesús Montero y señalaban una línea política que sin lugar a dudas va a marcar lo que resta de legislatura. Con Montero en vísperas de entrar al Ministerio de Hacienda, la Junta ya ha tenido que cambiar radicalmente los papeles: de azote a Rajoy y al ministro Montoro por sus incumplimientos pasó ayer a la posición de escudo con su todavía consejera. La estrategia de confrontación con el Gobierno en la que se ha apoyado la Junta desde finales de 2011 tiene ahora un cierto efecto bumerán. El Ejecutivo de Díaz ha llenado su discurso de reclamaciones –desde la «injusta» regla de gasto a los «abusivos» intereses del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)– pero ningún asunto es tan espinoso como la financiación. Todos los grupos salvo Ciudadanos consensuaron una propuesta en el Parlamento que ahora piden a Montero que la ejecute sin dilación.

La que será nueva ministra de Hacienda, que ayer asistió a la sesión vespertina del Parlamento autonómico, no lo va a tener fácil para armonizar con el resto de comunidades la propuesta sobre financiación andaluza. Recordemos que esta iniciativa apostaba por una mayor participación del IVA y de los impuestos especiales, que pasarían del 50 por ciento cedido al 75 por ciento; una remodelación en el cálculo del coste de los servicios públicos fundamentales para que contara la tasa de desempleo de los territorios; la ruptura del criterio de ordinalidad que consagra una posición privilegiada a las comunidades con aporte neto al sistema como Madrid o Cataluña; una dotación adicional de 4.000 millones para Andalucía; o cambios en los parámetros de la población ajustada, ya que según los cálculos actuales la región tendría 220.000 personas excluidas del sistema. Este último punto no es menor. Ya fue objeto de una dura pelea de Andalucía contra el Gobierno de José María Aznar que se solventó positivamente para la región en tiempos de bonanza económica: Rodríguez Zapatero pagó a la región 2.500 millones de euros poco después de pisar la Moncloa por la liquidación del modelo 1997-2001 que excluía –según denunció hasta la saciedad la Junta-– a 400.000 andaluces del censo.

En este contexto hay que entender las críticas de ayer de la oposición. La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, reclamó a Montero que la «confrontación la convierta en el Gobierno central en acción para la financiación autonómica de Andalucía en el año 2019». Podemos, por su parte, urgió a la nueva ministra a que «haga valer su peso» para que la región reciba los 5.522 millones que la Junta ha denunciado que Andalucía ha dejado de recibir desde el año 2009 por una deficiente aplicación del sistema. IU demandó que el Gobierno de Pedro Sánchez «asuma» el documento de financiación que aprobó el Parlamento. Y Ciudadanos también metió presión con la financiación aunque no se sumó al consenso parlamentario. «Supongo que ahora habrá exigencias para que haya una financiación justa y adecuada para Andalucía», deslizó Juan Marín.

En el horizonte más cercano está la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prometido para el mes de junio además del traslado a Andalucía de las entregas a cuenta con las que podrá elaborar la comunidad el nuevo presupuesto. Este último aspecto no se espera que sea problemático ya que la buena marcha de la economía ha generado unas entregas a cuenta al alza. En el informe económico financiero del presupuesto de este año se puede leer: «Las entregas a cuenta estimadas para el ejercicio ascienden a 18.081 millones de euros, lo que supone un aumento de 1.235,2 millones respecto a las estimaciones para el presupuestos de 2017, un 7,3 por ciento en términos relativos». Igual ha ocurrido con las liquidaciones de la financiación. El último mal año fue 2013. El Ejecutivo autonómico tuvo que hacer frente al pago de 426 millones de euros. Sin embargo, las liquidaciones de 2014 y 2015 reportaron a Andalucía más de 2.000 millones de euros extra.

Si bien Montero ha sabido navegar entre varias aguas aunque no ha escondido su apoyo a Susana Díaz el nombramiento de Luis Planas, otro ex consejero andaluz, sí que tiene una lectura bien distinta. Planas contendió con Díaz en las primarias para la presidencia de la Junta del verano de 2013. Griñán diseñó un proceso exprés que le facilitó el camino a la ahora jefa del Ejecutivo. Luis Planas se enfrentó al aparato y no pudo reunir los avales. Gómez de Celis fue por cierto su jefe de campaña.