Díaz usa la financiación para retrasar el debate del impuesto de sucesiones

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, quiere centrar el debate en este arranque del curso político en la reforma de la financiación autonómica. Bajo el argumento de un reparto de recursos «injusto» y «desigual» por parte del Gobierno central entre las regiones, Díaz pretende así ocultar otros problemas latentes en Andalucía, como los relativos a los docentes –que darán la cara en breve coincidiendo con el inicio del curso escolar– o los déficits de la sanidad pública, un asunto que sigue marcando la actualidad a tenor de la ingente cantidad de denuncias de profesionales y pacientes.

La presidenta amarró ayer el apoyo de los sindicatos y de la patronal de cara a una postura consensuada sobre la reforma de la financiación autonómica, que tomará forma en un grupo de trabajo en el Parlamento. Los máximos representantes de UGT, CC OO, CSIF y CEA desfilaron por los salones del Palacio de San Telmo, donde expresaron, tras conversar con Díaz casi una hora cada uno de ellos, su «total» apoyo a las tesis de la Junta en este tema. Sin embargo, en la sede de la Presidencia no esperaban el órdago que lanzó el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, empañando así la fotografía del diálogo, el consenso y la defensa de los intereses de los andaluces. Marín volvió a sacar a la palestra uno de sus principales caballos de batalla y anunció que, si no llega a un acuerdo sobre la reforma del impuesto de sucesiones, no negociará los próximos presupuestos autonómicos.

Marín aseguró que durante el mes de agosto se han mantenido encuentros en este sentido que han terminado en conversaciones «no fructíferas». La semana próxima habrá una nueva reunión, esta vez con la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, y si de este encuentro no sale un compromiso firme sobre la reducción del impuesto, Ciudadanos «dará por cerrado este periodo» y el Gobierno andaluz «tendrá que buscar otras soluciones para negociar los presupuestos».

«Estaremos atentos para ver cuáles son las directrices y los objetivos del Ejecutivo», subrayó Marín, quien insistió en que «hay margen suficiente» para reformar el impuesto, al tiempo que recordó que su formación ha planteado una alternativa «objetiva, razonable y coherente». Si no se llega a un acuerdo, Ciudadanos no negociará las cuentas y planteará enmiendas cuando se presenten, aunque no formulará una enmienda a la totalidad porque «no nos corresponde elaborar un Presupuesto. Esa labor la tiene que hacer el Gobierno andaluz».

Marín alertó de que «el tiempo está prácticamente agotado» para llegar a un acuerdo, aunque confió en que después de la reunión con Montero «podamos dar información sobre si realmente hay o no entendimiento». A su juicio, la reforma del impuesto es una cuestión «de justicia social» y avisó de que si PSOE, Podemos e IU «quieren hacer un frente de izquierdas» en contra de la rebaja, «poco más se podrá hacer, independientemente de reivindicar la reforma y esperar a que haya otro gobierno con otra sensibilidad». En definitiva, una decisión «de justicia y no ideológica».

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, trató de suavizar la amenaza de Marín remarcando que «seguramente se llegará a un entendimiento». Tras valorar la «total predisposición» y el «compromiso» de los agentes sociales y económicos en torno a un tema «crucial y capital» como la reforma de la financiación autonómica, Jiménez Barrios enmarcó el debate sobre el impuesto de sucesiones en el mismo ámbito de la financiación, puesto que «tenemos que hablar de reducción fiscal general».

En este sentido, apostó por «armonizar primero el impuesto para toda España, como también dice el grupo de expertos», comprometiéndose con la formación naranja a trasladarle «de manera exhaustiva toda la información sobre los ingresos de la Junta y lo que han supuesto para los servicios andaluces».