El pulso judicial de Alaya

El auto de la juez Mercedes Alaya por el que imputaba a una veintena de cargos de la Junta, entre ellos la ex ministra de Fomento y responsable de la Consejería de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez, ha propiciado el mayor pulso legal de la instrucción del caso de los ERE. El primero y más enconado tuvo lugar tras la cerrazón de la Junta de entregar las actas de los consejos de Gobierno de la última década. Tras el baile de las 480 actas –de San Telmo al armario acorazado de los juzgados y del armario acorazado a San Telmo–, el tribunal de conflictos jurisdiccionales del Supremo le dio la razón a la magistrada. En el fondo del recurso se asentaba una estrategia dilatoria para zancadillear la instrucción. Algo parecido está ocurriendo en este momento, con el recurso interpuesto por la Junta contra la imputación de esta veintena de cargos. Con la agravante de que es el Gobierno andaluz, como acusación, el que ejerce de defensa de imputados. Un oxímoron que esconde la falsa personación de la Junta en el caso. La Fiscalía Anticorrupción ha dado la razón a la juez, avalando tanto el fondo de las acusaciones como la forma. «¿Es necesario que los imputados dispongan con anterioridad, mediante auto, de un pormenorizado relato de todos y cada uno de los hechos que se les atribuyen y que tienen relevancia penal, o basta instruirles el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar su personación y señalar los puntos clave de su implicación?», ha señalado la Fiscalía. Aún así, el ex interventor delegado en Empleo, Juan Luque, uno de los veinte imputados, alega ante la Audiencia que la imputación es «difusa, inconcreta y ambigua».