La Fiscalía pide la confirmación «total» de la condena por cohecho

La Fiscalía solicitó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en Granada, la confirmación «total y absoluta» de la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó al pago de una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación al ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas y a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce por solicitar una comisión ilícita de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para recibir una subvención de 900.000 euros y gestionar la escuela de hostelería de la lonja. Esta causa es el hilván del que parte el caso de los ERE fraudulentos. Rivas y Ponce están imputados también en el caso de los ERE. A raíz de esta investigación se descubrió que en los ERE de Mercasevilla se incluyeron intrusos en las pólizas. El primer nombre que apareció fue el del dirigente socialista Antonio Garrido Santoyo.

En la vista para debatir los recursos presentados por las defensas de los condenados por un delito de cohecho, a la que asistieron como público Rivas y Mellet, el fiscal consideró el fallo, dictado tras el veredicto de un jurado popular, «plenamente razonable» y «perfectamente ajustado a derecho», mientras que los abogados de los tres procesados interesaron la revocación y su libre absolución.

Ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, integrada por los magistrados Lorenzo del Río, Jerónimo Garvín y Miguel Pasquau, la defensa de Mellet se refirió en la exposición de los motivos de su recurso a la principal prueba incriminatoria, la grabación que realizaron los empresarios denunciantes del soborno, que tildó de «subrepticia» y no «válida».

Según argumentó, no existió resolución judicial que motivara su incorporación a las actuaciones, ni autorización judicial alguna que la permitiera, y supuso una vulneración del «derecho a la intimidad» del que fuera gerente de Mercasevilla, puesto que se hizo en su despacho profesional y se entregó a un tercero «que no tenía competencia en perseguir delitos», en alusión a Juan Gallo, jefe de gabinete del ex presidente Manuel Chaves. En la grabación, Mellet y Ponce aseguraron que la Junta «colabora con quien colabora».

Por su parte, el letrado del ex director adjunto de la empresa mixta sevillana Daniel Ponce sostuvo que «no consta acreditado» que el acto por el que fue condenado «era un acto propio de sus facultades».