ERE

La Guardia Civil atribuye tres delitos a dos ex cargos de la Junta por una ayuda de los ERE

Señala a Márquez y a Barberá por una subvención de 450.000 euros abonada a Faescom. Los fondos fueron solicitados por otro ex cargo con dos hijos trabajando en la mercantil

La Razón
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Señala a Márquez y a Barberá por una subvención de 450.000 euros abonada a Faescom

Los fondos fueron solicitados por otro ex cargo con dos hijos trabajando en la mercantil

Todo el tiempo. La ayuda de 450.000 euros que la Junta otorgó en julio de 2009 a la empresa Fabricación de Estructuras Combinadas (Faescom) 92 SL procedente de la efervescente partida 31L, el llamado «fondo de reptiles», era irregular de arranque. Esto es lo que se desprende de un informe de seguimiento centrado en esa subvención que la Guardia Civil ha remitido a la instructora del «caso ERE», María Núñez, en el que atribuye supuestos delitos contra la hacienda pública, malversación y prevaricación a dos ex altos cargos del Gobierno autonómico: el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

En el documento policial, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se afila lo sucedido en torno a una ayuda solicitada de inicio por un importe de 496.640 euros y por el administrador único y gerente de la sociedad, Francisco García, quien además ocupó, a su vez, varios cargos en el Ejecutivo regional, uno de ellos el de secretario general de Empleo, y fue alcalde de Guarromán (Jaén). Los fondos se pidieron porque la mercantil estaba «íntimamente ligada» a la factoría que Santana Motor tenía en el también municipio jiennense de Linares y esa automovilística, su principal cliente, ya había presentado un ERE. Se pretendía «mantener la actividad económica» de Faescom, en la que, según el informe, trabajaban dos hijos de García, con el pago de tres meses de las nóminas de 94 empleados, en concreto las de octubre, noviembre y diciembre de 2009. Los fondos se abonaron en dos pagos de la agencia IDEA, soportados en otras dos resoluciones de la Dirección General de Trabajo, si bien Faescom acabó cerrando en junio de 2011, después de que lo hiciera Santana. La Guardia Civil le ha ratificado a Núñez la existencia de un rosario de anomalías en torno a esos 450.000 euros en el que destaca que en su concesión se prescindió «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», lo que «pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho», sostienen los investigadores. Y añaden que el departamento de Márquez carecía de «competencia legal» para asignarlos o que no consta en el expediente de la subvención «la existencia de ningún análisis económico realizado por la Junta de Andalucía» que pusiera de manifiesto si ese dinero en sí mismo «era procedente en atención a las circunstancias del beneficiario», en especial en lo que se refiere a que la entidad «tuviera capacidad» financiera para hacer frente, «en todo o en parte», a «las obligaciones asumidas». Máxime cuando ya eran conocidas las dificultades por las que pasaba Santana, germen tal vez del «caso ERE».

La Guardia Civil deja claro también a la magistrada que «hubo dos o tres reuniones» entre el representante de Faescom y Márquez «referentes todas ellas» a la ayuda «de carácter extraordinario para pagar nóminas de los trabajadores». Los investigadores dan cuenta a Núñez, por último, de las declaraciones tomadas a algunos de los implicados, entre ellos García, quien aseguró a los agentes que desconocía que con el tiempo, la Junta hubiera abierto un procedimiento para intentar recuperar el dinero público.