La Junta pone en duda la gratuidad de la Atención Infantil Temprana

Al margen de abrir la puerta a la privatización del servicio, el nuevo borrador de decreto omite dentro de los principios de actuación generales su carácter gratuito y alarma a un colectivo de más de 19.000 familias andaluzas

El nuevo borrador de Decreto elaborado por el Gobierno Andaluz y por el que el PSOE preguntará en el próximo Pleno del Parlamento no sólo abre la puerta a la privatización del servicio al dar cabida a entidades con ánimo de lucro, sino que pone en duda la gratuidad en el acceso a las familias omitiendo esta condición, registrada en el decreto de 2011, de los principios de actuación bajo los que se debe impartir.

El pasado 10 de septiembre, los grupos de la oposición en el Parlamento aprobaron una Proposición no de Ley en la que se fijaban como objetivos saldar la deuda con las asociaciones, reubicar el servicio en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en tercer lugar, y de forma textual, «retirar el acuerdo marco e iniciar un proceso participativo que, con la colaboración de los interlocutores sociales y profesionales del sector, dé forma a un nuevo modelo para la Atención Temprana en Andalucía bajo las premisas aplicadas a la sanidad como servicio público, universal y gratuito».

Desoyendo al Parlamento, el Gobierno andaluz ha elaborado un borrador del que ya daba cuenta este diario recientemente y que la Plataforma por la Atención Temprana considera «unilateral, caciquil y fruto de su soberbia política y de su no concepción de que está en minoría». Antonio Guerrero, portavoz de esta plataforma que aglutina el sentir de 19.000 familias y el pensamiento mayoritario de las asociaciones y de los alrededor de 800 profesionales afectados, lamenta que el Gobierno andaluz genere esta alarma social al hacer desaparecer un apartado de una trascendencia tan elevada como la gratuidad. Más cuando el nuevo decreto es tan similar al anterior.

El proyecto de decreto que regula la intervención integral de la atención temprana en Andalucía fija en segundo lugar como principio de actuación la «gratuidad en el acceso: cobertura del coste de los recursos por la Administración de la comunidad autónoma de Andalucía», justo después de la «universalidad» y antes de la «equidad». Sin embargo, el borrador sobre el que trabaja la Consejería de Salud en la actualidad omite este punto y sí incluye la universalidad, la equidad, la descentralización, la participación, la calidad, la sostenibilidad, la coordinación interadministrativa o la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, pero sin detallar la gratuidad de forma específica.

Antonio Guerrero acusa al Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (Cermi) y a la nueva directiva de la Federación Andaluza de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) de ser «cómplices de esta tropelía y atropello». En la Atención Temprana, la discapacidad está en torno al 40%, mucho menor porcentaje si se computase a la población de riesgo, de ahí que desde la plataforma se cuestionen por qué el Cermi se erige en la única voz autorizada del colectivo. Guerrero pide encarecidamente a Susana Díaz que retire un borrador que «es un despropósito» no sólo porque elimina «el concepto gratuidad de un plumazo» o porque «vaya en contra de los principios de la Atención Temprana, que es dar respuesta lo antes posible», sino porque «va en contra de los principios de la Democracia». «Está en minoría, ya no hay rodillo. Retírelo, inicie el proceso participativo y nos tendrá a su lado», replica.

Hasta ahora, la percepción de la Plataforma por la Atención Temprana es una «falta de sensibilidad» total de Susana Díaz con los menores. «La presidenta de 9 millones de andaluces pasa olímpicamente de los niños de 0 a 6 años con Autismo, Síndrome de Down, Asperger, Parálisis Cerebral y un sinfín de trastornos», explica Guerrero, que recuerda con tristeza cómo la máxima dirigente andaluza se comprometió delante de él a responder a su solicitud, remitida en innumerables ocasiones por carta y email a lo largo de los últimos cuatro meses, sin obtener respuesta por ahora.

El temor de las familias de menores con trastornos a la implantación del copago viene de lejos. A finales de julio pasado, el Cermi abordó con el viceconsejero de Salud los problemas en la gestión del acuerdo marco. En dicha reunión la consejería se compromete a estudiar el precio de un tratamiento para que la diferencia con el precio que paga por ese tratamiento a través del concierto la puedan abonar directamente los padres directamente a los CAIT (Centro de Atención Temprana). De igual forma, se admitía que en la nueva orden se intentaría que Intervención aceptarse compatibilizar subvención y concierto y «si no es así, estudiar otras fórmulas».