Reclaman un tercer fiscal Anticorrupción en Sevilla por la acumulación de casos

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Los casos de corrupción que han aflorado en los últimos años están provocando el colapso en los juzgados sevillanos, que ya soportan una ingente carga de trabajo como consecuencia de la crisis. Por este motivo, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, dio ayer la voz de alarma y reclamó a la Fiscalía General del Estado la creación de una tercera plaza de fiscal Anticorrupción. Segarra, por tanto, considera «necesario» que, de las 14 plazas de fiscal ya aprobadas para toda España, una de ellas se cree en Sevilla a fin de que la provincia pase de dos a tres fiscales sobre esta materia, dado el «volumen» de trabajo acumulado «en los últimos cuatro años».

El caso de los ERE fraudulentos, el de Mercasevilla –con sus cuatro ramificaciones–, el de Invercaria o las irregularidades contables en UGT-A son algunos de los procedimientos de más envergadura que se están investigando en los juzgados sevillanos. Tan sólo la primera rama del «caso Mercasevilla», la de la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros, cuenta con sentencias. La juez Mercedes Alaya, por su parte, acaba de concluir la instrucción de la segunda ramificación del caso tras más de cuatro años de investigación, la referida a la venta de los suelos de la lonja. El caso de los ERE fraudulentos es el que más retraso acumula, hasta el punto de que la propia Fiscalía Anticorrupción ha advertido en varias ocasiones a la magistrada del riesgo de prescripción de los delitos. El último tirón de orejas lo dio el pasado mes de octubre, cuando se quejó de la «extraña» dilación en su actuación.

La saturación de casos no sólo afecta a los fiscales. Recientemente, el juez decano de Sevilla, Fernando Guerrero, reclamó la incorporación de más magistrados en los juzgados de la provincia para alcanzar la ratio europea, que fija un total de 19 jueces por cada 100.000 habitantes. Esta reclamación se une a otra anterior, referida a la creación de seis nuevos juzgados de lo social, aunque reconoció que «no se van a crear, dadas las actuales circunstancias».

La sobrecarga de trabajo también tiene sus consecuencias en las propias instalaciones, concretamente en el edificio del Prado. Los abogados han pedido en reiteradas ocasiones la ampliación de las dependencias judiciales, con el desacuerdo latente entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense para crear la Ciudad de la Justicia.

Actualmente hay destinados en la provincia de Sevilla un total de 89 fiscales, de los que dos son delegados de Anticorrupción. La plantilla no se ha visto incrementada desde hace ya cuatro años. Málaga, por ejemplo, tiene cuatro fiscales sobre esta materia.