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Un trabajador social: «Les damos igual los ciudadanos y los empleados»

La Razón
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Hoy, a las 9:00 horas, están citados en la calle Pajaritos los 45 trabajadores sociales del programa «Zonas». Firmarán el cese de su actividad en barriadas de exclusión de la capital como El Vacie, la más deprimida y conocida por todos, y otras como Tres Barrios-Amate o el Polígono Sur. Les habían prometido que no volvería a pasar, que sus contratos se renovarían en plazo y que su labor en las calles no se vería interrumpida como sucedió el año pasado por la falta de acuerdo entre las administraciones. Palabras vacías. Llegado el 14 de noviembre y el vencimiento de los contratos, la subvención de la Junta de Andalucía no ha llegado, aunque sí está aprobada provisionalmente desde el 10 de otubre, y el Ayuntamiento de Sevilla se niega a adelantar el dinero. Prima la confrontación.

Las dos partes se defienden y se atacan mutuamente, pero la realidad es que un servicio que los políticos califican de «básico» en la ciudad se ningunea un día tras otro. Basta recordar que los recortes aplicados –Zoido culpa a la Junta, la consejería al Estado y así continuamente– ya redujeron la labor de estos profesionales «mileuristas» a una jornada reducida (5 horas), sin que los problemas en estas zonas se hayan reducido, sino al contrario. La situación es cada vez más difícil con la crisis.

«Les damos igual los ciudadanos y los trabajadores, todo esto es sólo para tirarse los trastos unos a otros», resumía a este diario un miembro de una de las Unidades de Trabajo Social (UTS) que queda desmantelada hasta nueva orden (el Ayuntamiento asegura que las zonas afectadas serán atentidad por Servicios Sociales).

Y es que, órdago o no, Zoido amagó con destinar a otras acciones sociales la aportación municipal al programa Zonas (326.393,90 euros) si la Junta «no redacta, aprueba y pone los fondos necesarios» para su desarrollo, por ahora a la espera de la resolución definitiva (932.554 euros, un 30% menos de lo solicitado por el Consistorio para recuperar la jornada completa del servicio, sin precisar que en 2012 redujo la aportación al mínimo fijado en convenio).

El alcalde hispalense esgrime la «inseguridad jurídica» en la que se encuentra el Consistorio, que sin ser la administración competente es la encargada de poner el servicio en funcionamiento. «El Ayuntamiento seguirá esforzándose todo lo que pueda, pero en el 'Zonas' es necesario que la Junta publique la resolución», subrayó, tras indicar que está dispuesto con el dinero municipal a «reformalizar y reformular cualquier programa y actuación que permita atender las necesidades de Sevilla».

Zoido instó a los trabajadores a dirigir sus protestas a la consejera María José Sánchez Rubio. Si no publica la subvención, «reformularemos el programa y dedicaremos el dinero que tenemos a otra cosa», aseguró.

Los trabajadores han pedido que los 200.000 euros del programa ahorrados al no cubrir las vacantes ni los permisos se destinen a financiar una prórroga hasta que llegue el dinero de la Junta.

Desde el PSOE, la concejal Susana Díaz pide a Zoido que cumpla el compromiso y no busque «excusas» para adelantar la implantación del modelo que Rajoy propone con la nueva Ley de Régimen Local.

En el trasfondo subyace la problemática de los impagos de la Junta con los ayuntamientos . Sólo en el servicio a la dependencia el Consistorio hispalense tiene adelantados 16 millones. La consejera recuerda que la Junta abona el 72% del servicio de dependencia porque el Gobierno ya no cubre el 50%. En Sevilla, se benefician 3.000 personas y al finalizar el año la Junta habrá pagado 13,5 millones.