El Gobierno Herrera refuerza su ayuda a los proyectos en países empobrecidos

VALLADOLID- La Junta de Castilla y León cofinancia con más de 3,5 millones de euros 29 proyectos y nueve microacciones en países empobrecidos. La Consejería de la Presidencia ha resuelto la convocatoria de las subvenciones a proyectos de cooperación internacional con esta cuantía total, 100.000 euros más que los asignados en 2014.

Esta edición ofrece dos modalidades: por una parte, los proyectos de desarrollo -que tienen una financiación media entre 100.000 y 140.000 euros- y, por otro, las microacciones en el exterior -con una aportación máxima de 50.000 euros- que incluyen pequeñas intervenciones complementarias con el fin de facilitar la sostenibilidad de los resultados. En esta edición, de las 68 solicitudes de proyectos presentadas se han aprobado 29, y de las 35 microacciones se han autorizado nueve intervenciones, respectivamente.

Los criterios geográficos y sectoriales que se han utilizado en la valoración de los proyectos, siguen lo dispuesto en el II Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2013-2016 de Castilla y León, donde están definidas las áreas de trabajo prioritarias con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible de las personas beneficiarias de las intervenciones. Todo ello se lleva a cabo en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el que existe un convenio marco de colaboración que tiene como fin lograr una cooperación para el desarrollo más eficaz y de calidad, señala un comunicado.

En lo que se refiere a su distribución geográfica, el 39 por ciento de las intervenciones de desarrollo subvencionadas se llevarán a cabo en África Subsahariana, donde se encuentran los países con menor índice de desarrollo humano. El 31 por ciento se dirigirán a colectivos especialmente vulnerables de Centroamérica y el 20 por ciento a países de Sudamérica, donde existe una larga trayectoria de colaboración. El 10 por ciento de las acciones restante corresponde a tres intervenciones en India, siendo este país un ámbito dónde las desigualdades entre su población continúan siendo abismales. Atendiendo a la distribución sectorial de las subvenciones, el mayor porcentaje, un 40 por ciento, irá destinado a proyectos de soberanía alimentaria -cuyo principal objetivo es asegurar el derecho a la alimentación de la población beneficiaria- y el 33 por ciento irá dedicado a la mejora del acceso al agua potable. Los demás servicios de carácter básico como la Educación (17 por ciento), la salud (5 por ciento) y la habitabilidad básica y el saneamiento (cuatro por ciento), se reparten el 27 por ciento.