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Caso Pujol
La UDEF ve «anómalo» que cinco meses después de adquirir las 97 sucursales empezara a venderlas «con una periodicidad prácticamente mensual»
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (UDEF) aprecia varios indicios de blanqueo de capitales en la compra en noviembre de 2010, por parte de una de las empresas vinculadas a Oleguer Pujol, Ursus Alfa, de 97 sucursales de Bankia por 96.401.044,21 euros. Para la UDEF resulta anómalo que se procediera a vender las oficinas sólo cinco meses después de adquirirlas, «asumiendo las penalizaciones por tales actos del 2%» impuestas por la entidad financiera. De ahí que para los investigadores «cabe sospechar que pudiera ser el canon de coste por la operación de blanqueo, es decir, el coste asumible para hacer líquido los inmuebles pudiendo justificar el origen del dinero procedente de la venta, habiendo blanqueado los importes invertidos desde el extranjero de procedencia desconocida».
Así consta en el informe policial del pasado 20 de octubre remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz –que investiga por blanqueo y delito fiscal al hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol tras la querella interpuesta por Podemos y Guanyem–, una información que precipitó, unos días después, la detención policial y el registro de la vivienda y las sedes de las empresas vinculadas a Oleguer Pujol, que ahora analizan los agentes.
Préstamo sindicado
El hijo de Pujol ocupó distintos cargos en Ursus Alfa –apoderado, consejero delegado y consejero– entre diciembre de 2010 (un mes después de la compra de las oficinas) y mayo de 2013, cuando le sustituyen otra de las sociedades de la supuesta trama, Drago Capital, y su socio Luis Iglesias. Para hacer frente a la operación, Ursus Alfa recurrió a un préstamo sindicado de 73,5 millones de euros; otro de 17,3 para el pago del IVA y a otros 30,7 millones aportados por los accionistas. Pero, sobre todo, a la UDEF le llamó la atención que «desde el mismo momento en el que se adquieren las propiedades y a pesar de contar con un contrato de arrendamiento con la entidad Bankia» (a quien le alquiló las sucursales tras comprárselas), se realizaron «de forma continuada y permanente operaciones de venta de las oficinas a terceras sociedades». Con esos importes, añaden los investigadores, Ursus Alfa procedió, (cuando Oleguer ya era apoderado de la sociedad,) a efectuar «amortizaciones anticipadas de los dos préstamos suscritos a pesar de las penalizaciones sufridas», de entre el 1 y el 2%, del capital amortizado, según lo estipulado en el contrato de préstamo. Desde abril de 2011, cinco meses después de cerrar el supuesto «pelotazo», «y con una periodicidad prácticamente mensual, se realizan ventas de los inmuebles seguidas de cancelaciones parciales de los préstamos, cancelando el último préstamo, de carácter hipotecario por valor de 90.852.187,96 euros, el 4 de julio de 2014».
La UDEF considera que hay que aclarar la participación de Oleguer en la sociedad extranjera Duivelskilp Financing, propiedad de su socio, «y su utilización como vehículo de inversión» en Ursus Alfa, pues aportó capital a esa empresa para que se destinara a esta última.
En el informe pericial de la consultora Deloitte aportado al juzgado por los propios investigados «no queda claro», se quejan los agentes, «el origen de los capitales con los cuales Oleguer Pujol realiza tales aportaciones, ni tampoco el resto de inversores que completan lo aportado, aproximadamente 30 millones de euros».
El informe también analiza la compra de diez inmuebles a Bankia por 17,5 millones de euros, en marzo de 2011, por parte de Step Negocios, vinculada a Oleguer Pujol e Iglesias a través de Drago Capital.
En esta ocasión, hace hincapié la UDEF, «se repiten patrones» comunes a otros supuestos «pelotazos» investigados. Entre ellos, «la participación directa de Oleguer Pujol como propietario de parte del accionariado de las empresas intervinientes en la operación», que introducen en el mercado legal español dinero con origen «en última instancia de paraísos fiscales y de una procedencia desconocida, para una vez invertidos, obtener una legitimación sobre el resultante de la inversión, ya que en ese intervalo se produce el negocio que permite el blanqueo (las adquisiciones inmobiliarias y su potencial venta)».
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