Tribunales

El gran desaparecido en los audios de Koldo

Alonso, dueño de Servinabar, no está en las grabaciones, pese a que el exasesor de Ábalos le habría conseguido obras

Antxon Alonso presunto socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar a su salida este lunes al Tribunal Supremo en Madrid donde declara ante el juez del caso Koldo por el presunto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones. © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 07 07 2025
Antxon Alonso presunto socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar a su salida este lunes al Tribunal SuprAlberto R. RoldánFotógrafos

Joseba Antxón Alonso Egurrola, el propietario de Servinabar 2000 SL, es el gran ausente de los más de 12.000 audios que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en los móviles de Koldo García y puso en manos del juez que instruye en el Tribunal Supremo el «caso Koldo».

El empresario no aparece, de momento, en ningún audio interceptado de los enviados o recibidos a través de WhatsApp por el que fuera principal asesor del exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos.

Tampoco en las grabaciones que Koldo realizó con el teléfono y una grabadora de sus conversaciones con diversas personas. Alonso no se ve, por el momento, salpicado.

A diferencia de su amigo Santos Cerdán –con el que llegó a compartir piso durante un año en Madrid tras su salto a la política nacional– que ha acabado en prisión provisional por sus palabras grabadas en que habla con el asesor de la presunta percepción de comisiones ilegales a cambio de asegurar el destino de una serie de adjudicaciones públicas.

Alonso sigue «desaparecido» en el material auditivo probatorio que hasta ahora ha analizado y remitido al instructor la Policía Judicial. Pese a que él mismo admitió, cuando acudió a declarar como imputado ante el magistrado Leopoldo Puente, que pagó «un sueldo mensual» al asesor, cuando este era autónomo, a cambio de que le buscara negocios de obra privada para su constructora.

Negó, en cualquier caso, que le hubiese ayudado con la obtención de contratos de carácter público. Como la licitación para la apertura de una explotación de potasa en el municipio navarro de Sangüesa, el conocido como proyecto «Mina Muga», que recibió, a finales de 2015, Servinabar, formando una Unión Temporal de Empresas (UTE), precisamente, con Acciona. Otra de las empresas presuntamente implicadas en el entramado de «mordidas», con su ahora exdirectivo Fernando Merino a la cabeza, que es otro de los investigados ante el alto tribunal.

Alonso también rechazó en su comparecencia que hubiese logrado, gracias a Koldo, otra obra pública que recibió, también con Acciona, ya en 2017. En esta ocasión se encargaron de reforma el pabellón deportivo Navarra Arena de la Pamplona, a cambio de 3,7 millones de fondos públicos. La UCO, en cambio, sostiene que el exescolta participó "de manera activa" en su obtención, facilitando a estas compañías "determinados contactos"

Lo que sí encontraron los investigadores en uno de los dispositivos de Koldo fueron una serie de anotaciones en el calendario, realizadas el 29 de mayo de 2017, sobre licitaciones con el título «temas con Antxón», con los asuntos que trataría en una reunión con el empresario prevista para las 18:30 horas.

Entre los temas a abordar en ese encuentro, Koldo dejó reflejada su intención de saber «si consigo obras cuánto se me paga y cómo se me paga».

Meses más tarde, el 27 de octubre de 2017, fue Cerdán el que se interesó y le preguntó a Koldo en un wasap «qué obras va a hacer ‘gui’», en alusión al propio Alonso, al que designaban entre ellos con este apodo por su origen guipuzcoano.

El exasesor de Ábalos apuntó, además de la citada adecuación de la instalación deportiva que llamó arena, a una «obra de adecuación de panadero».

Al ser preguntado por ello en su interrogatorio, Alonso admitió que, en efecto, este era un contrato en que Koldo actuó de mediador a fin de facilitarle su obtención.

Según explicó en sede judicial, la que aparece en los apuntes localizados denominada como «panadero» se refiere a un proyecto para la construcción de un supermercado de la cadena internacional Lidl y un establecimiento de hostelería llamado «El Panadero de Eugui», situados ambos en un mismo solar de la localidad navarra de Huarte.

Alonso confirmó al juez que fue Koldo el que la consiguió para Servinabar y en aquella época -según adelantó "El Español" y ha confirmado este diario- el ahora consejero de Universidades del Gobierno navarro de María Chivite, José García Martín, trabajaba como gerente en la mercantil propietaria del citado negocio hostelero.

Por ello, en la citada reunión reseñada en el calendario, Koldo quería aclarar, sobre ello, tal y como dejó por escrito: «Quién me paga lo mío». Y reflejó también que «Antxón quiere hechos y respuestas y no palabras».

Se da la circunstancia de que Koldo fue concejal socialista en Huarte entre 2011 y 2015, cuando dejó sus responsabilidades como edil para concurrir como primer suplente en las listas al Parlamento regional del Partido Socialista de Navarra (PSN), que encabezó Chivite, ahora presidenta de la comunidad autónoma.

Hay que recordar que mucho antes, en junio de 2015, la antigua mano derecha de Ábalos y Alonso constituyeron juntos una cooperativa con la que las pesquisas policiales también relacionan "directamente" al último secretario de Organización de Ferraz.

Como ya informó LA RAZÓN, la UCO tiene que estudiar aún muchos terabytes de información que albergaban los dispositivos encontraron en el registro de su domicilio familiar de Polop de la Marina (Alicante). Con lo que no se puede descartar que acaben aflorando audios en que Alonso sea uno de los interlocutores.

La abogada de Koldo critica su difusión

A la abogada de Koldo García, Alicia de la Hoz, no le ha gustado en absoluto que estos audios de su cliente se hayan acabado conociendo de manera pública.

Así lo denunció en «Espejo Público» y acusó, en este sentido, a los investigadores de haber «cogido» su teléfono para «hacer el volcado sin separar las cosas que tienen relevancia para la causa penal».

La letrada defiende que en el procedimiento judicial se ha tenido acceso a comunicaciones que pertenecen a su esfera íntima, como «discusiones con su pareja y conversaciones con su hija». «No puede ser», sentenció.