SCC pide 87 millones a Puigdemont y a su Govern en el Tribunal de Cuentas

Presentan una denuncia contra 13 ex consejeros por la organización del 1-O y los gastos derivados.

Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución han presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y sus ex consejeros por los gastos que ocasionó la organización del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, que ellos valoran en 1,97 millones de euros de fondos públicos.

Es más, en su escrito, los denunciantes remarcan que el Estado también resultó perjudicado por esta convocatoria ilegal «por los gastos de desplazamiento, manutención y estancia del contingente desplazado de fuerzas y cuerpos de seguridad», que elevan a más de 87 millones de euros.

En caso de admitirse a trámite la denuncia, el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece el nombramiento de un instructor entre cuyas obligaciones está la de calcular una «liquidación provisional» del alcance contable y requerir a los presuntos responsables que «depositen o afiancen» ese importe provisional más intereses «bajo apercibimiento de embargo», que se ejecutará si no consignan la cantidad que en esa primera estimación de daños se les reclame.

La denuncia se dirige contra Puigdemont y los 13 consejeros que formaban parte de su Gobierno durante la celebración de la consulta independentista, los cuales, según el escrito, «destinaron fondos públicos de la Generalitat que estaban a su cargo por un importe no inferior a 1.971.601,20 euros a financiar el referéndum de secesión abiertamente ilegal y que ellos mismos habían convocado por decisión colegiada y solidaria mediante decreto de 6 de septiembre de 2017». Además, añade, «con su actuación ocasionaron un perjuicio directo a los fondos públicos estatales no inferior a 87.103.355,05 euros».

«De ese modo, aplicaron recursos públicos que gestionaban a una finalidad ilícita, ajena a la función pública, extraña a los fines públicos legalmente confiados a la Generalitat de Cataluña, y que ya había sido declarada ilegal en numerosas resoluciones del Tribunal Constitucional y en las actuaciones judiciales seguidas contra los denunciados», como las diligencias abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), explica Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.

Por todo ello, Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución solicitan al Tribunal de Cuentas que requiera a la Generalitat toda la documentación contractual y financiera utilizada para la convocatoria del referéndum así como la certificación de los gastos y pagos que se realizaron en cada departamento. Entre las diligencias que proponen, también quiere que se reclame a la Secretaría de Estado de Hacienda para que remita toda la documentación que la Generalitat fue emitiendo a petición del ministerio sobre sus gastos cuando el Gobierno central impuso el control de las cuentas.