Compromís renegociará con la ministra de Hacienda el acuerdo de esta con Puig

Los ánimos en el Gobierno del Botánico están cada vez más caldeados. Si el pasado miércoles miembros de Compromís, los socios de Ximo Puig en el Consell, ya criticaron el acuerdo alcanzado por el presidente con el Gobierno acerca del déficit para los años 2019-2021, ayer las declaraciones desde la formación de Mónica Oltra fueron aún más incendiarias e incisivas.

Tanto es así, que el partido de la vicepresidenta del Consell, a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados, tiene previsto reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para renegociar el acuerdo logrado por Puig. Un pacto que, para Compromís, resulta del todo insuficiente.

La propuesta que se realizará a la ministra desde la formación nacionalista ya existe por escrito, de hecho en la misma ha participado la propia secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, miembro del partido, pero curiosamente es también segundo escalón del conseller Vicent Soler, quien aprobó el pacto el pasado miércoles.

Una guerra dentro del Consell que es más que visible puesto que los tuits de uno y otro bando fueron constantes a lo largo de todo el día de ayer.

Desde Compromís consideran que el acuerdo logrado por el presidente del Consell -que implica contar con 850 millones de euros más para el año que viene- no es suficiente, y creen que Puig debería haber forzado al Gobierno de Pedro Sánchez a negociar una reforma del modelo de financiación.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, perteneciente a la formación de Oltra, hizo también patente el enfrentamiento al considerar que la condonación por parte del Estado de 350 millones de euros de deuda del Consorcio Valencia 2007 es «insuficiente».

Según Ribó la cifra es parte de los 369,19 millones del préstamo del ICO para la Copa del América y la deuda también incluye 6,09 millones de una póliza, más la deuda derivada de otros 60,69 millones, que el Banco Santander vendió al fondo TCA, y la deuda a la Autoridad Portuaria de 18,15 millones reconocidos y otros 23,29 de costes de reposición, no reconocidos por el Consorcio, actualmente «en litigio».

Por su parte, desde el Consell explicaron que esos pagos no pueden ser asumidos por el Gobierno porque se trata de deudas con terceros.

Fuentes del Palau de la Generalitat insistieron en que las medidas logradas por Puig son una «solución transitoria», reclamada por todos los partidos políticos incluyendo a Compromís, hasta que se logre el nuevo modelo de financiación, algo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó que se produzca en esta legislatura.