De Fitur a la cárcel. Ochenta años y dos absueltos

La sentencia de la pieza de Fitur de la trama Gürtel condena a nueve años de prisión a la exconsellera Milagrosa Martínez y a más de trece años a los cabecillas de la red de Correa

Más de ochenta años de prisión suman las penas para once de los trece imputados en la pieza Fitur de la trama Gürtel. Los otros dos, la exconsellera Angélica Such y el jefe del departamento jurídico Juan Bover, han sido absueltos.

La también exconsellera de Turismo y expresidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez ha sido condenada a nueve años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo.

Se considera demostrado que Martínez permitió que se adjudicaran contratos para la realización de pabellones de las ferias Fitur de 2005 a 2009 «con una alta dosis de subjetivismo y discreccionalidad (...) de forma completamente arbitraria que hace que su adjudicación pueda entenderse como delictiva».

El Tribunal aprecia los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

Este juicio supone la imposición de las primeras penas de cárcel para los cabecillas de la trama Gürtel y además, es el primero de las seis piezas que componen el Gürtel valenciano que obtiene sentencia, excepción hecha del «juicio de los trajes».

Las penas, muy duras en opinión de los abogados de las defensas, son las siguientes: Francisco Correa es condenado a trece años de prisión por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho activo. Pablo Crespo es condenado a trece años y tres meses por los mismos delitos y por falsedad documental. Álvaro Pérez, «el bigotes» resulta penado a doce años y tres meses por los mismo delitos que Crespo. Para la administradora de las empresas de Gürtel, Isabel Jordán seis años de prisión por asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad; mientras que el consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero, ha sido penado con cuatro años y cuatro meses de prisión por asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. La sentencia para la trabajadora de las empresas de Correa, Mónica Magariños, es de tres años por asociación ilícita, prevaricación y tráfico de influencias. Respecto a los representantes de la Conselleria de Turismo, además de la condena de su titular, Milagrosa Martínez, también resultan considerados culpables su jefe de gabinete, Rafael Betoret, con seis años de cárcel por prevaricación y malversación. El jefe de área de Mercados, Isaac Vidal, recibe uncastigo de siete años de prisión por prevaricación, malversación y falsedad. El jefe del servicio de Promoción, Jorge Guarro es condenado a cuatro años de prisión por prevaricación y malversación. La técnico coordinadora de Ferias, Ana Grau tiene una pena de tres años de prisión por prevaricación y falsedad.

Los condenados indemnizarán a la Generalitat con 272.000 euros. Las penas económicas a los tres cabecillas rondan los cuatro millones de euros a cada uno.

Sin embargo, los otros dos acusados, la exconsellera Angélica Such y el jefe del departamento jurídico de la Agencia Valenciana de Turismo, Juan Bover, han sido absueltos. Considera el Tribunal Superior de Justicia que la prevaricación administrativa de la que se les acusaba «solo cabe la comisión dolosa» y no considera demostrado que, en el caso de Such «quizá sencillamente se dejó llevar por lo que constituía la práctica habitual de la Agencia, lo que a lo mejor permitía hablar de cierta imprudencia o dejadez».

En la sentencia, de 558 folios, se relata que «bajo la dirección de la consellera Martínez se libran fondos (...) despreciando cualquier procedimiento de selección... encargándose posteriormente de darle una apariencia jurídica, bien visando las correspondientes facturas, o bien dando las precisas instrucciones a sus subordinados con tal objeto». Y considera que la trama se enriqueció «a costa de fondos públicos pertenecientes a la Generalitat. Lo cual consiguen valiéndose de diferentes contratos públicos para cuya obtención no dudan en pervertir todo el proceso administrativo por la influencia que poseen frente al partido que dirigía la autonomía».