El Congreso da luz verde a la tramitación de la reforma estatutaria

La comitiva de Les Corts Valencianes designada para la defensa de la propuesta de modificación del Estatuto valenciano tuvo ayer sus cinco minutos de gloria por interviniente, después de cuatro intentos, en cuatro años, de materializar esta petición del legislativo valenciano al español.

Un hemiciclo casi vacío ofreció el apoyo mayoritario de los grupos, a excepción de UpyD, para incluir una cláusula adicional que vincule las inversiones del Estado en materia de infraestructuras al peso de la población valenciana en el total nacional. Una cláusula muy similar a la que ya tienen catalanes y andaluces y que el Tribunal Constitucional (TC) dejó sin efectividad al sentenciar que una normativa autonómica no puede vincular a una nacional.

Rompió el hielo el portavoz de Compromís, Fran Ferri. Le escuchaban 20 diputados del PP, además de la senadora Rita Barberá, también en el hemiciclo, y 31 diputados entre el resto de grupos de un Parlamento integrado por 350 diputados. Tan solo dos portavoces de grupo, Rosa Díez (UpyD) y Joan Tardà (ERC), estaban en el Parlamento. Ni un solo miembro del Ejecutivo, ni el líder del PSOE. El propio presidente Posada abandonó su escaño tras dar la bienvenida a la comitiva y dejó a la vicepresidenta Villalobos al frente.

Ferri criticó la «invisibilidad» de los valencianos «sometidos a un muro infranqueable que nos condena a que nada cambie» y dijo que «siendo pobres pagamos como ricos». Recordando la riada del 57, Ferri sentenció que “hasta aquí llegó la paciencia de los valencianos». Explicó que «si el voto es positivo, se reconocerá una injusticia» pero denunció la paradoja de que se votara esta reforma el mismo día que no se aprueban las enmiendas a los presupuestos generales del Estado.

Concluyó con otra alusión a la riada, y concretamente una adaptación libre de Martín Domínguez: «cuando callan los políticos, hablan los pueblos».

Por su parte, el portavoz socialista, Manuel Mata, anunció una apocalíptica «tormenta económica perfecta que puede llevar a nuestra desaparición» y dijo que los 40.000 millones de euros de déficit suponían una carga de 8.000 euros por habitante. Algo insalvable si el gobierno central no ponía remedio. En referencia a la votación de las enmiendas a los Presupuestos Generales que había precedido a la toma en consideración, Mata dijo que «hoy mismo se ha decidido que los valencianos recibamos este año 350 euros menos que la media española». El discurso de Mata, al igual que el del resto de intervinientes, estuvo plagado de alusiones críticas al PP y recordó que el anterior portavoz que debía haber defendido la reforma «está en prisión». Repasó que «hemos tenido la segunda y la cuarta caja de ahorros y los mejores institutos tecnológicos. Todo esto ha desaparecido». Pidió perdón a andaluces y catalanes «porque un presidente que tuvimos se dedicó a recurrir esta cláusula» y prometió que «si llega dinero, no lo gastaremos en barcos y coches pintureros».

El tercer y último interviniente fue Jorge Bellver, del grupo mayoritario del PP, defendió «un texto reivindicativo y leal con España» y criticó a los gobiernos del PSOE que «impusieron un sistema de financiación ruinoso»

Enfatizó que «la ruina no vino por gastar más, sino por ingresar menos». Las críticas al PSOE y a Zapatero fueron línea argumental de su parlamento, lejos del consenso que tanto el presidente de Les Corts como el de la Generalitat se esforzaron en reclamar.

Si entre los tres portavoces parlamentarios no hubo consenso ni consiguieron trasladar una sensación de unidad ante un asunto prioritario, mucho menos lo hubo entre los diputados nacionales elegidos para fijar postura.

Comenzó por el grupo mixto, el valenciano Joan Baldoví, quien rememoró que en 1993 ya pedía el Corredor Mediterráneo. Pidió a los diputados populares «vergonya» y les dijo que aún estaban a tiempo de aprobar en el Senado las enmiendas que hagan realidad la modificación estatutaria.

Para meter más tensión en el frío hemiciclo, la representante de ERC, Teresa Jordá, dio la bienvenida a la comitiva valenciana «en nom del republicanisme dels Països Catalans».

Julio Lleonart, de UpyD fue el único que anunció el voto negativo de su grupo por la «invasión inconstitucional de competencias estatales» y pidió «igualdad fiscal para todos»

Ricardo Sixto, de Izquierda Plural lamentó que el TC «ha legitimado a estas Cortes a incumplir lo que ellas mismas elevan al rango de Ley Orgánica».

Los representantes de Convergencia y de Unió, que fijaron posición por separado, mostraron su apoyo a la voluntad de Les Corts.

El diputado José Luis Ábalos, del PSPV, dedicó su intervención a mostrar gráficos para demostrar que los gobiernos de Zapatero invirtieron más que los del PP.

Cerró las intervenciones Gerardo Camps (PP) quien reiteró la denominación oficial de Comunitat Valenciana: «ni país, ni països» y reclamó la autoría de la reforma estatutaria para el PP. Dijo que fue Aznar quien más ajustó la inversión al volumen de la población valenciana. Camps cerró el debate haciendo hincapié en que «con el PP es posible ir a cualquier parte dentro de la senda constitucional, pero a ningún lado fuera de ella».

Puig pide al senado que haga realidad la reforma ya mismo

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pidió ayer que el Senado apruebe ya una mejora de las inversiones para la Comunitat Valenciana en 2016, en la tramitación en la Cámara Alta del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.Al concluir el debate parlamentario, el presidente mostró su satisfacción por el acuerdo tras un «itinerario largo» que no tiene un carácter simbólico sino de «exigencia y reivindicación». Según Puig, «desgraciadamente» los años de Gobierno de Rajoy han sido «los peores» en inversión pública en la Comunitat de toda la democracia. Puig indicó que la Comunitat ha dejado de percibir 2.000 millones de euros en inversiones en los últimos cuatro años, que suponen «como mínimo 40.000 puestos de trabajo, y la región no está en condiciones de perder eso». El presidente consideró necesario «visibilizar» el problema valenciano para lograr una financiación justa y equitativa.