Epilepsia, de los falsos mitos a la invisibilidad por el estigma

La legislación española considera apta para la conducción a una persona epiléptica siempre y cuando acredite no haber sufrido una crisis en el último año. «La norma está para proteger la integridad de las personas que la padecen y la del resto de la sociedad, no para ser alegada como eximente en cualquier conducta punitiva, como la que nos lleva a escribir esta carta». El destinatario de esta misiva era el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; los remitentes, los representantes de las asociaciones valenciana y madrileña de epilepsia; y el motivo, el «injusto e inexplicable» indulto al conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por un delito de conducción grave con resultado de muerte ocurrido en 2003 en la AP-7 en Polinyà del Xúquer (Valencia).

Las palabras de Mercedes Hernández, vicepresidenta de la Asociación de Epilepsia de la Comunitat Valenciana (ALCE), muestran el enfado y la decepción de los afectados con la decisión del Gobierno. Y es que creen que, más allá de consideraciones legislativas o de si es justo o no para la familia de la víctima, la causa que alega el Ministerio para conceder el indulto no beneficia a la imagen de los enfermos.

«Es una argucia legal que nos perjudica como colectivo. Si fuera verdad que este señor es epiléptico, cosa que ponemos en duda, no hubiera cogido el coche si hubiera tenido la más mínima sospecha o el menor síntoma de una crisis. En caso de que hubiera sido así, en lugar de un eximente, debería haberse tomado como un agravante. Somos los primeros interesados en protegernos a nosotros y nuestro entorno. Además, no hubiera estado en condiciones de conducir, pagar el peaje, coger el tique.... Es todo muy extraño. No cuadra».

El indulto, recuerdan, es una medida de gracia en la que no caben justificaciones de esta índole «y más aún cuando todas las instancias judiciales desecharon este argumento» y el informe de los forenses no admitía la existencia de esta crisis epiléptica, la cual, dice la sentencia, en cualquier caso no justificaría una conducta tan compleja y prolongada».

En la Comunitat Valenciana existen 40.000 personas que padecen epilepsia -el uno por ciento de la población, aunque el tres por ciento es susceptible de padecer un episodio aislado a lo largo de su vida-. Tres de cada cuatro son «invisibles». «Se medican y no tienen crisis, por lo que si no se ven obligados, no suelen hacerlo público». Sin embargo, cuando hay sintomatología evidente es mucho más difícil esconder esta realidad, lo que, a su vez, conlleva a menudo el rechazo social y laboral.

«Los empresarios son reacios a contratar a epilépticos. Creen que no les compensa, que les van a traer problemas». Por ello, en los tiempos de crisis económica que nos ha tocado vivir, con una tasa de desempleo rozando el treinta por ciento , este colectivo es especialmente vulnerable. «Y ello pese a que, según los datos de que disponemos, se cogen menos bajas que la media. Una epiléptico puede sufrir una crisis grave e ir a trabajar al día siguiente».

La coyuntura económica también afecta a la asociación que les representa, que, según denuncia Hernández, lleva dos años sin cobrar la modesta subvención que le concede la Conselleria de Sanidad -apenas unos 3.000 euros-. «No tenemos ni despacho para reunirnos, pero es lo que hay. Entendemos que no atravesamos por una buena época».