Hernández niega que se partieran contratos para dárselos a Orange

La que fuera directora del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y secretaria autonómica de Educación, María Auxiliadora Hernández, defendió ayer ante el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la legalidad de los contratos firmados con Orange Market S.L. al tiempo que reiteró que esta mercantil era una empresa más de todas con las que trabajaban en ese momento.

Hernández estaba citada a las 9.30 horas en el tribunal valenciano para declarar, en calidad de imputada, por la pieza número cinco que investiga las contrataciones de la Generalitat con empresas de la trama, entre ellas, Orange Market.

La imputada acudió al TSJCV sobre las 9.15 horas, en compañía de su abogado, y concluyó su declaración unas dos horas más tarde. A su salida, no quiso hacer ningún tipo de declaración y se limitó a decir que había contado «la verdad».

En el interrogatorio, Hernández negó que firmara los contratos por el II Congreso de Software Libre celebrado en Castellón los días 5 y 6 de mayo de 2005, y explicó que firmó otros contratos relacionados con Congresos de educación cuando era secretaria autonómica.

Sobre los mismos, declaró que todos los contratos que pasaron por su mano eran legales, y negó que se fraccionaran para intentar beneficiar a empresas de la trama.

En esta línea, al igual que han defendido otros imputados y testigos del caso, aseguró que Orange Market S.L. era una empresa más de todas con las que trabajaban.

Para esta jornada, también estaba citada en el TSJCV, también como imputada, Inmaculada García Pardo, por su etapa como directora general del Sepiva, quien acudió sobre las 10.15 horas acompañada de su letrado. A su llegada, un grupo de unas diez mujeres, extrabajadoras del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) afectadas por el ERE, le recibieron a gritos de «corrupta».

Auxiliadora Hernández ya prestó declaración, pero en calidad de testigo, en el juicio contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, por un delito de cohecho pasivo impropio, dentro del conocido como «caso de los trajes». En ese momento, calificó de «casualidad» el hecho de que contratara con cinco empresas del grupo Correa para desarrollar un Congreso sobre familia y escuela, al tiempo que indicó que recordaba haber trabajado con Orange Market «y con muchas otras empresas».