La nueva ley de Marzà vuelve a encontrar el rechazo de PP y Cs

Compromís responde a las acusaciones de imposición: «Urge revertir el monolingüismo franquista»

Les Corts aprobaron de nuevo una ley en materia de educación sin lograr el consenso de todos los grupos políticos. Es más, el debate sobre la ley de Plurilingüismo- impulsada por el PSPV, Compromís y Podem- estuvo lo más alejado posible del acuerdo.

PP y Cs insistieron en que se quiere imponer el valenciano a las familias y que sigue el camino del nacionalismo catalán.

Nada más lejos de la realidad para Compromís, cuyo diputado Josep Nadal comenzó su intervención asegurando que esta ley permitirá dar «un paso de gigante en la educación valenciana» porque permitirá revertir el «monolingüismo franquista».

La ley establece que se imparta un mínimo de 25 por ciento de las horas lectivas en valenciano y en castellano, y de entre un 25 y un 15 por ciento para el inglés. Sin embargo, y este es el punto en el que más problemas ve Ciudadanos, en un artículo posterior, dicta que la Conselleria de Educación promoverá que «los centros educativos sostenidos con fondos públicos vehiculen el 50 por ciento del tiempo curricular en valenciano».

Serán los Consejos escolares los que decidan la presencia de los diferentes idiomas. Por tanto, las familias no tienen participación directa en la decisión. La culpa, dicen sus promotores, es de la ley educativa del PP.

La diputada Mercedes Ventura (Cs) insistió en que se trata de un «chantaje lingüístico en diferido» y que además, prevé firmar convenios con entidades que se convertirán en nuevos «chiringuitos».

El enfrentamiento más duro se produjo entre la diputada popular Beatriz Gascó y Josep Nadal. La primera acusó a Compromís de promover una «dictadura lingüística» y mostró en la tribuna un tuit de Nadal en el que se unía a al boicot a Consum por dejar de etiquetar sus productos en valenciano. Además, aseguró que los datos del barómetro de la Generalitat demuestran que se usa menos el valenciano. «Son una fábrica de gente que no quiere hablar en valenciano».

Esta norma sustituye al decreto que el Consell aprobó hace un año y que derogó después de que el Tribunal Superior de Justicia lo suspendiera. Además, deroga el decreto ley con el que se trató de salvar el inicio de curso y que estableció los programas plurilingües para las aulas de dos y tres años, abocado también a acabar en el Tribunal Constitucional.

De hecho, el recorrido judicial que pueda tener esta norma todavía está por ver. El conseller de Educación, Vicent Marzà, admitió estar preparado «para lo que venga», aunque defendió que los niños valencianos tendrán la oportunidad de aprender varios idiomas.

Fin a la libertad horaria

Aunque el artículo 6 establece que se imparta un mínimo del 25 por ciento en ambas lenguas oficiales, el 11 incide en que Educación promoverá que en los centros públicos el valenciano suponga el 50 por ciento. Para Ciudadanos esto significa «un chantaje en diferido» y para el PP una imposición a las familias.