Cerca de 40 implicados en la red clientelar según la denuncia del PP

El Ayuntamiento habría beneficiado a cooperativas afines con 20 millones durante tres años

Hasta 20 millones de euros concedidos en tres años gracias a la «red clientelar». Y sobre la mesa del juez, «una actividad sistemática por parte del Ayuntamiento dirigida a privilegiar a un determinado grupo de personas cercanas en lo personal y lo ideológico». Estas son las principales acusaciones que el grupo del PP en el Ayuntamiento recoge en su denuncia, registrada ayer ante la Fiscalía Anticorrupción, contra el equipo de Gobierno de Manuela Carmena por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. El portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, afirmó en rueda de prensa que la denuncia, anunciada desde hace varias semanas, obedece a una supuesta red «tejida» desde 2015 por el equipo de Gobierno local.

Según Martínez-Almeida, la denuncia ha sido presentada después de que el PP haya investigado de forma exhaustiva los contratos suscritos por el Ayuntamiento de Madrid, pese a su «obstruccionismo» y trabas. «No ha quedado más remedio que acudir a los tribunales», dijo el portavoz popular, quien destacó que el Ayuntamiento le ha denegado «sistemáticamente» a su grupo la entrega de documentación solicitada y que aquella que sí ha sido aportada ha llegado «fragmentada», además de haber denegado una comisión de investigación.

El PP denuncia ante la Fiscalía que desde 2015, con la llegada de Manuela Carmena al Ayuntamiento, «se han multiplicado notablemente las contrataciones, subvenciones y convenios» con «entidades participadas por miembros de la estructura del partido político Podemos, Ahora Madrid y sus denominadas confluencias». El PP aporta a la Fiscalía doce anexos referidos a las personas presuntamente implicadas, a contratos subvenciones, convenios, convalidaciones, reconocimientos extraoficiales de créditos o contratos menores.

Así, se incluyen los nombres de 10 personas vinculadas al movimiento 15-M, Podemos, Ganemos e IU beneficiadas por los contratos. Del mismo modo, hay 39 personas «presuntamente implicadas en la red clientelar». Entre ellos, el responsable de Políticas Económicas del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato; los concejales Guillermo Zapata, Pablo Carmona, Celia Mayer y Romy Arce; y el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño. No en vano, el PP señala que «numerosos cargos municipales» han trabajado en alguna de estas cooperativas. Así, considera que el Ayuntamiento «ha creado nuevas necesidades sociales que han facilitado la contratación de la red: los dinamizadores de fiestas populares, dinamizadores de entornos urbanos, oficinas de apoyo de la economía social, etc: de los 20 millones, 16 se han alcanzado «mediante contratos menores, concursos y convalidaciones».

El PP considera que numerosas empresas y cooperativas «favorecidas» por la red clientelar pertenecen a la asociación Red de Economía Alternativa y solidaria (REAS), que han sido beneficiadas –dice– con «al menos 20 millones de euros en menos de tres años». A esta red pertenecen Dinamia, que habría recibido 3,2 millones, y el grupo Tangente, con más de tres millones. Junto a otras cooperativas que pertenecen a REAS, suman en total 8,1 millones. Ya fuera de REAS, la más beneficiada es Trama, con 7,2 millones; otras, como Kinema, cobraron medio millón de euros, mientras que Auditoria de la Deuda obtuvo 50.000. En total, las entidades no integradas en REAS obtuvieron 4,3 millones de euros.

Según el PP, en las contrataciones la red clientelar del ayuntamiento vulnera «claramente» el principio de libre concurrencia por no responder a la exigencias de ofrecer igualdad de trato y no discriminación, y por no aumentar el número de ofertas o licitadores para tener al alcance mayor número de soluciones posibles. Dice además el PP que «numerosos cargos municipales han formado parte, han fundado o han trabajado en alguna de estas cooperativas» que, además, sirven «para dar trabajo a los militantes de Podemos y diversas confluencias».

Uno de los denunciados, Jorge García Castaño, delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, defendió ayer que «nunca ha habido más transparencia, más concurrencia y más control en la contratación pública madrileña».