Cifuentes levanta recelos en el PP por denunciar a Aguirre

Ve la acción en la Fiscalía por la Ciudad de la Justicia como una maniobra para tensar su dimisión.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no se ha ganado muchas simpatías dentro de su partido con la decisión de remover justo ahora la asociación de las siglas del partido con la corrupción, aunque sea para presentarse como la «salvadora» de la limpieza ética del PP con una actuación contra Esperanza Aguirre. Esto es así porque con la única excepción de algunos representantes del PP de Madrid, en el partido dan por hecho que el futuro de Cifuentes está ya escrito y que la única incógnita que queda por resolver es si la dimisión se producirá antes o después de que se formalice la fecha de la moción de censura. Puede ocurrir que Rajoy sorprenda en el último momento a todos, salvo a esos pocos que dentro del PP de Madrid mantienen la bandera de que hay que dar la batalla hasta el final, perder la moción y dejar así la puerta abierta a que Cifuentes pueda volver a presentarse a las próximas elecciones autonómicas como supuesta víctima de una operación de la izquierda.

Pero en el entorno más próximo del presidente tienen en estos momentos la opinión de que detrás de la estrategia de Rajoy sólo está el objetivo de «ganar tiempo» y que, por lo tanto, se apurarán los plazos para convocar la moción de censura, que vence el 7 de mayo, pero que Cifuentes caerá. La fecha depende de la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, es decir, del PP. Y en la dirección nacional creen que Rajoy sólo está valorando el momento para optar por «la opción Murcia y no llegar a la moción porque con la dimisión decaería». En este contexto, la decisión del Gobierno regional de denunciar ante la Fiscalía las irregularidades detectadas en el Campus de la Justicia, un proyecto encargado en 2007 por el Ejecutivo de Aguirre, ha levantado recelos dentro. Esta denuncia se basa en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del 22 de marzo, pero hasta ahora, sin embargo, el Gobierno de Cifuentes no había visto ninguna razón para actuar judicialmente.

No se trata ya de que este movimiento haya molestado al «aguirrismo», que, por supuesto, así ha sido. La clave es que los recelos llegan al partido nacional porque la lectura que hacen es que es una decisión que daña las siglas del PP, ya que siguen vinculándose con la corrupción. Como ya ocurrió también con algunos movimientos y declaraciones de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, frente al «caso Bárcenas», en esta ocasión el PP entiende igualmente que Cifuentes está anteponiendo sus intereses personales a los del partido, porque lo que busca es «hacer ver que ella es la lideresa de la regeneración democrática para poner sordina de esta forma a las irregularidades detectadas en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos y tensar aún más su dimisión».

El hecho de que se ligue la denuncia con su situación política es lo que ha provocado que la denuncia en la Fiscalía haya sentado mal en bastante sectores de su organización política. «No todo vale para resistir», comentaban ayer en Génova. En la cúpula popular siguen valorando todos los costes políticos y electorales de «un escenario endemoniado», que, además, está marcado por la celebración del Día de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo. La oposición ha sentenciado que por encima de las crisis políticas están las instituciones, y que su intención es acudir al acto aunque lo siga presidiendo Cristina Cifuentes.