Del máster «fantasma» al vídeo del supermercado: escenario de una crisis

Todo empezó con un máster «fantasma» en la Universidad Rey Juan Carlos y ha terminado con un vídeo grabado en un supermercado con Cristina Cifuentes pagando dos cremas que se había llevado a escondidas. En total, 35 días desde que saltó el primer escándalo hasta que se vio a la la lideresa madrileña en el gris cuarto de seguridad del centro comercial vallecano.

Aseguraba Cifuentes que el máster lo defendió el 2 de julio de 2012 en el campus de Vicálvaro y que versaba "sobre el reparto competencial entre las administraciones públicas en materia de seguridad". El pasado 21 de marzo, Eldiario.es publicó que dos asignaturas, «La financiación de las comunidades autónomas» y el «Trabajo Fin de Máster» quedaron calificadas en 2012 como «no presentadas» en el expediente académico de la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid y, dos años más tarde, en 2014, fueron modificadas de forma irregular, sin apertura de acta, por una funcionaria a notable (7,5), acusando a la líder del PP de Madrid de haber obtenido su título con notas «falsificadas».

«Olvido administrativo»

En una rueda de prensa inmediatamente posterior por parte del rector de la URJC Javier Ramos, y los profesores Pablo Chico de la Cámara y Enrique Álvarez Conde, el primero de ellos negó la acusación sosteniendo queCristina Cifuentes habría aprobado todas las asignaturas en 2012, atribuyendo la discrepancia a un «olvido administrativo».

En una de sus primeras manifestaciones públicas sobre el caso, Cifuentes se defendió de las acusaciones mediante una grabación casera en su despacho que subió a Twitter, en la madrugada del día 22. «A quienes queréis que me vaya: no me voy, me quedo, voy a seguir siendo vuestra presidenta», aseguraba. Ese mismo día, cambiando la postura inicial, el rector anunció en una nota de prensa la apertura de un «procedimiento administrativo denominado información reservada para aclarar lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran existir».

Entre los documentos acreditativos que Cifuentes presentó inicialmente como prueba se encontraron un acta de evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) con las firmas de los miembros del Tribunal que la habría evaluado, una captura de pantalla de un correo del director del máster, su matrícula, y el pago de la expedición del título.

En posteriores artículos se desvelaron nuevos datos, como un pago de 6,11€ en la secretaría de la URJC, incompatible con haber aprobado el máster en julio, o alegaciones de que Cifuentes supuestamente no fue vista nunca en clase por sus compañeros, que se matriculó para el curso tres meses más tarde de la fecha límite y que el día de la defensa del TFM tenía lugar un dispositivo de seguridad de la Policía Nacional coordinado por la Delegación del Gobierno (Cifuentes era entonces delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid) para recibir a la Selección tras la victoria en la Eurocopa.

«Cacería personal»

El 26 de marzo, Cristina Cifuentes aseguró ser víctima de una «cacería personal» y anunció que cursaría una «querella criminal» contra los responsables de las informaciones que la incriminaban.

El 4 de abril, el digital El Confidencial alegó que al menos 2 de las 3 firmas del tribunal correspondientes al acta de evaluación del TFM eran falsas y sostuvo que el documento había sido fabricado dos semanas antes (en vez de en la supuesta fecha de defensa, el 2 de julio de 2012).El presidente del Gobierno Mariano Rajoy consideró «bastante estéril» la polémica en torno al máster.

Ese mismo, día Cifuentes compareció de forma extraordinaria ante el Pleno de la Asamblea de Madrid para dar explicaciones. Se reafirmó en su defensa sosteniendo que (su máster) «es perfectamente real y perfectamente legal. Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas», y añadió que «si hay algún problema en la documentación, yo como alumna no lo puedo aclarar y debe ser la universidad la que lo haga».

Petición de dimisión

Durante la sesión, la portavoz parlamentaria del Grupo Podemos Comunidad de Madrid Lorena Ruiz-Huerta exigió la dimisión de la presidenta. Ese mismo día, Cifuentes ofreció una rueda de prensa en la que sostuvo que presentó el TFM en Vicálvaro en 10 o 15 minutos. Después de la sesión, el PSOE de Madrid (PSOE-M), anunció sus intenciones de avanzar hacia una moción de censura contra Cifuentes, que archivaría el día siguiente presentando a Gabilondo como candidato a la presidencia regional. El grupo parlamentario de Ciudadanos no exigió su dimisión y propuso la apertura de una comisión de investigación. Ramón Espinar, secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, afirmó que su partido apoyaría la moción de censura socialista.

El 5 de abril, una de las profesoras cuya firma aparecía como aval en el acta de la defensa del Trabajo de Fin de Máster –la pretendida presidenta del Tribunal, Alicia López de los Mozos–, denunció la falsedad de su firma en dicho documento, defendió que nunca formó parte del tribunal y que no sabía nada del TFM de Cristina Cifuentes, declaración que ratificaría días después ante la Policía.

Falsedad documental

El rector de la URJC trasladó a la Fiscalía el caso, al encontrar indicios de un delito de falsedad documental. Ante una denuncia presentada por asociaciones de alumnos, la Fiscalía de Móstoles (municipio donde se encuentra la sede del rectorado de la URJC) abrió diligencias penales para investigar las irregularidades en la documentación suministrada por Cifuentes para acreditar el cursado del máster.

El 6 de abril, el rector Javier Ramos afirmó que la investigación cursada por el centro no encontró rastro alguno del acta del TFM, pese a que su registro es obligatorio, y concluyó que por tanto, «no se puede confirmar que (Cifuentes) defendiera el Trabajo de Fin de Máster». Esa misma mañana, en declaraciones a Onda Cero, el director del máster Enrique Álvarez Conde declaró haber sufrido una «enorme presión» el día 21 de marzo proveniente del rector Ramos para aportar una documentación que avalara a Cifuentes. Álvarez Conde señaló a Cecilia Rosado, una de las tres vocales del pretendido tribunal, como la responsable de fabricar el documento del acta del TFM. Álvarez Conde, pretendido tutor del TFM de Cifuentes, afirmó que ésta le enviaba sus avances del trabajo no en persona o por correo electrónico, sino mediante un «asesor o chófer».

Por su parte, Cristina Cifuentes en una rueda de prensa posterior ese día mantuvo que sí realizó la defensa del trabajo fin de máster y que el problema lo tenía la Universidad Rey Juan Carlos. En la misma jornada Clara Souto, otra de las tres personas cuya firma avalaba como vocal del tribunal la defensa del TFM afirmó que su firma estaba falsificada.

El supuesto filtrador

El Mundo apunta a Salvador Perelló, un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, como el supuesto filtrador del «caso máster». Él niega que se trate de una «operación política", sino que es «un funcionario que cumple con su obligación". Perelló asegura que «nunca» accedió a «ningún sistema informático». «A mí me llegó un sobre con fotocopias de varias cosas que dejaron en mi casillero del despacho y entre otras cosas se encontraba este tema», explicó.

El 10 de abril se publica que Cifuentes habría aprobado una cuarta parte de las asignaturas mediante convalidaciones. Laura Nuño, una de las personas que aparecían como firmantes del acta de convalidación, dimite de su puesto de subdirectora del Instituto de Derecho Público. «Me han engañado y me voy», afirma.

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que no dimitiría por iniciativa propia y sólo lo haría si así se lo pedía el presidente del Gobierno y de su partido, Mariano Rajoy.

Al día siguiente, los rectores constatan «irregularidades” en el máster y el día 13 la universidad madrileña anuncia que suspende de sus funciones «como medida cautelar” al director del Instituto de Derecho Público (IDP), Enrique Álvarez Conde, responsable del máster que supuestamente cursó Cifuentes en 2012.

El 17 de abril, la presidenta madrileña renuncia a su máster de Derecho Público Autonómico. Las presiones políticas no cesan. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exige a Rajoy que pida la dimisión de la presidenta del PP en Madrid. Ella elude en la Asamblea de la Comunidad cualquier responsabilidad. El día 19, a sólo unos días de su final, Génova tiene la confirmación de que Ciudadanos derribará a Cifuentes si no dimite. Sólo falta el infausto vídeo del supermercado para culminar su caída.