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Denuncian al PSOE de Getafe por utilizar la Agrupación de Comerciantes para pagar favores políticos

El PP de Getafe denuncia que el partido de Sara Hernández habría utilizado a la Agrupación de Comerciantes y Empresarios del municipio para presuntamente pagar favores a personas cercanas a la formación política socialista.

  • Sara Hernández y Roberto Benítez
    Sara Hernández y Roberto Benítez

Tiempo de lectura 4 min.

17 de diciembre de 2018. 14:31h

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Almudena Negro 13/12/2018

Según denuncian desde el Partido Popular de Getafe (Madrid), el PSOE de dicha localidad, habría utilizado a la Agrupación de Comerciantes y Empresarios (ACOEG) del municipio para presuntamente pagar favores a personas cercanas a la formación política socialista. LA RAZÓN ha tenido acceso a la denuncia que el Partido Popular local ha interpuesto denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Getafe. “Entre los beneficiarios del contrato adjudicado con dinero público de los vecinos de Getafe figuran dos personas vinculadas al PSOE, partido del cual fueron cargos de confianza”, denuncian fuentes del Partido Popular local.

Los hechos se remontan a los tiempos del gobierno de Pedro Castro, mentor político de la actual alcaldesa, Sara Hernández, quien ocupaba en aquel momento la tenencia de alcaldía del municipio. En la denuncia presentada por el Partido Popular getafense está implicada la concejal no adscrita Mónica Cerdá, cuya imputación pidió la oposición. Cerdá fue expulsada del PSOE de Getafe después de enfrentarse con Sara Hernández a consecuencia de una reestructuración del equipo de gobierno.

El motivo de la denuncia de los populares es la presunta adjudicación irregular de una Guía de Comercio a ACOEG, la Asociación de Comerciantes y Empresarios, por parte de la empresa municipal GISA, de la cual Cerdá era en el momento de la adjudicación presuntamente irregular su Consejera Delegada.

El Partido Popular acusa a la edil de haber realizado una adjudicación “a sabiendas de que era injusta”. Los populares argumentan en su escrito que la edil habría “prescindido del procedimiento establecido, contraviniendo un informe jurídico emitido con anterioridad a la aprobación de la contratación”. El expediente de contratación se inició en el año 2015 y su fin era la realización de una guía de comercio de Getafe. El 15 de octubre de ese mismo año el área técnica de la empresa pública determinó que “para la aprobación y adjudicación había que tener en cuenta “que los fines y objeto de la Sociedad a la que se pretenda contratar, guarde relación con el objeto de la contratación”. Según el PP, de la documentación aportada por GISA y ACOEG se puede colegir que en su objeto social no figuraba ninguno de los requisitos establecidos para poder editar una Guía de comercio. Algo que ahora deberán determinar los tribunales.

Así mismo, desde el Partido Popular aseveran que, “ACOEG subcontrató la práctica totalidad de la producción de la Guía”, algo que, afirman, “no permite la Ley de Contratos del Sector Público”. El Partido Popular sostiene en la denuncia interpuesta ante la Justicia que la entonces concejal del PSOE, Mónica Cerdá, habría actuado en contra de los informes jurídicos del propio ayuntamiento al aprobar la contratación, “a sabiendas de que antes debía solicitar la documentación que exigía dicho informe, en lugar de revisar de oficio dicha aprobación”.

Pero además, en el plano político, el Partido Popular denuncia presunto pago de favores a personas y empresas. Lo cierto es que la impresión de la Guía de comercio corrió a cargo de Roberto Benítez, quien fuera asesor adjunto del Plan Local de Inmigración del ayuntamiento de Getafe gobernando el PSOE. Benítez mantenía, afirman desde el PP, “un estrecho vínculo con la concejal Mónica Cerdá y que se presentan juntos a la alcaldía de Getafe con un nuevo partido que dicen llamarse políticos limpios de corruptelas” apuntan.

Por otra parte, la maquetación de los contenidos fue encargada a la empresa Myssya, cuyo propietario es Máximo Loarces. Loarces fue secretario de Empleo e Innovación en la Agrupación Socialista de Getafe. La relación de éste con el PSOE también parece evidente.

“Entre la empresa de Benítez y la de Loarces suman más del 60% de la contratación, incumpliendo flagrantemente lo exigido por la ley” según el PP local.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Getafe ya abrió hace meses, como informó LA RAZÓN, procedimiento por la comisión de un presunto delito de malversación de fondos contra dicha edil. En el mismo procedimiento también figura como investigado por malversación el actual gerente de la empresa municipal, José Manuel Hernández, persona de la máxima confianza de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.

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